En diciembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó la normativa, que crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia.
En virtud de esta normativa, que supuestamente entraría en vigor en marzo, las autoridades tendrían la potestad de detener a los migrantes sin documentación y los jueces, la de expulsarlos.
La cadena CNN en Español sintetiza así los puntos medulares de la polémica normativa:
- Los ingresos irregulares a Texas son penalizados y se convierten en un “delito estatal”.
- Los agentes tienen permitido capturar y deportar de inmediato a los migrantes irregulares.
- De acuerdo con dichas libertades, “las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia”, o simplemente porque tienen una sospecha.
- Los jueces estatales pueden ordenar la expulsión inmediata de los migrantes hacia territorio mexicano.
- La normativa también dota de US$1 mil 500 millones al estado de Texas para que edifique o construya su propio muro en la frontera.
- Los residentes de Texas deberán aportar entre US$20 millones a US$30 millones en sus impuestos para edificar más de 1.5 kilómetros de muro fronterizo.
- Los migrantes reincidentes podrían ser condenados a 20 años de cárcel.
- La normativa entrará en vigor en marzo de este año.
“Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes han advertido que la ley sobrepasa los poderes del gobierno federal y replica la disposición sobre el estatus migratorio de Arizona en lo que sus opositores han denominado la ley ‘muéstrame tus documentos'”, dice CNN.
En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó haber presentado “una demanda contra el estado de Texas para impugnar” la ley con el fin de que se declare que “la SB4 es inválida”.
“Es claramente inconstitucional”, afirma la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, citada en la nota.
La Constitución impide a los estados “adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso”, añade.
México expresó “su rechazo ante la implementación de esta medida antiinmigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos”, se asegura en el texto.
*Con información de AFP
