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Convictos expulsados de EE. UU. no pueden ser juzgados en Guatemala por falta de acuerdo entre países
MP asegura que están preparados para el registro de deportados con órdenes de captura en el país, pero los actuales protocolos de la Policía sugieren otra cosa.
Cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) revelan que 253 mil 413 guatemaltecos tienen orden de expulsión (Foto Prensa Libre: EFE)
Ante las acciones del presidente Donald Trump de expulsar a los connacionales que cometieron delitos en Estados Unidos, el Ministerio Público (MP) indicó que están preparados para perfilar a los retornados que arriben al país con cargos penales; la Policía Nacional Civil (PNC) coincide en la misma labor, aunque advierte que no se puede juzgar a los connacionales por delitos cometidos en EE. UU.
Según la respuesta del MP, el gobierno central, por medio de las autoridades de migración, son los entes obligados de llevar un registro de las personas que sean deportadas hacia Guatemala, y corroborar en las bases de datos del Ministerio de Gobernación (Mingob) si dichas personas se encuentran con órdenes de aprehensión vigentes en el país.
"La PNC, como ente encargado de efectuar las capturas, debe hacer efectivas las mismas y poner a disposición de los órganos de justicia correspondientes a las personas que sean señaladas de haber cometido algún delito", refirieron en la respuesta enviada.
Agregan: "En ese sentido, y tal como se ha venido trabajando en temas de personas remitidas por solicitud de extradición, o con órdenes de aprehensión en su contra, el MP cuenta con la suficiente capacidad instalada para cumplir con su mandato y realizar el ejercicio de la acción penal pública".
Libertad
A decir del ex viceministro de Gobernación, Mario Mérida, aunque un guatemalteco haya cometido un homicidio en EE. UU. no puede ser juzgado en Guatemala porque no existe un acuerdo de ese tipo entre ambas naciones, y lo único que pueden hacer las autoridades es perfilarlo y enviarlo a su lugar de origen.
Mérida recomienda que el gobierno establezca una fuerza de tarea integrada por el MP, PNC, la Cancillería y las autoridades de migración, así como gobernadores y Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), con la finalidad de darle seguimiento a los retornados que cometieron delitos en Estados Unidos y así tomar acciones en caso de que reincidan en sus lugares de origen.
"No creo que a los 200 mil guatemaltecos que cometieron delitos allá en EE. UU. los envíen a Guatemala, sí cometieron delitos graves deben ser juzgados allá, no existen un tratado en Guatemala para juzgarlos por los delitos que cometieron en ese país, los sistemas procesales son diferentes. Aunque hayan cometido un asesinato acá son libres", puntualizó.
El ex viceministro de Gobernación explicó que "solo queda elaborar una data de su extradición, por si más adelante se involucran en delitos, para que las autoridades tengan un antecedente del actuar de la persona".
Sobre qué debe hacer el gobierno con los deportados en general, el analista menciona como ejemplo que el gobierno de México se asoció con el sector privado para buscarles un empleo, de acuerdo a las labores que desempeñaron en EE.UU., y un programa similar podría considerarse para Guatemala.
Pandillas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, refiere que por ahora no se tiene algún plan específico para recibir a los convictos que vengan deportados y se continúan con los protocolos normales. Sin embargo, afirma que si aumenta la expulsión de connacionales con orden de captura en territorio nacional o con delitos que cometieron en Estados Unidos, tendrán que aumentar el personal de la institución que se encarga de perfilar a los retornados, puesto que actualmente son 50 elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) los que se encargan de esas tareas en la Fuerza Aérea Guatemalteca.
A decir de Custodio Boteo, no pueden ser expulsados los guatemaltecos que cometieron delitos graves como un asesinato, puesto que deben cumplir su condena en ese país, pero sí serían expulsados los miembros de pandillas, que en el territorio nacional quedarían en libertad porque no pueden ser juzgados si cometieron faltas o delitos en territorio estadounidense, pero sí podrían causar problemas de seguridad en los lugares de donde son originarios.
"Se verificará si tienen alguna investigación en su contra en nuestro país, de no ser así solo se les entrevista y se determina dónde viven para que las comisarías les de seguimiento. Los que están por faltas y condenas leves sí los pueden enviar hacia acá, las pandillas nos pueden complicar el panorama, pero solo se les puede documentar y darles seguimiento, pero sí pueden causar conflictos", refirió.
Programas
Las autoridades de México han planteado como una de las soluciones a corto plazo para atender a sus deportados, establecer nueve refugios de atención temporal en el área fronteriza, donde se les pueda proveer de atención médica, asesoría legal y alimentos. Los gastos y tareas de esos centros estarían a cargo del ejército.
El gobierno espera que todos los gobiernos locales participen y se unan a la asistencia humanitaria, principalmente para trasladar en buses a los retornados a sus lugares de origen.
Cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) revelan que un millón 20 mil 602 migrantes no detenidos cuentan con expedientes con órdenes finales de expulsión de EE. UU., lo que, a criterio del analista migratorio Fernando Castro, podría ser aprovechado por la Administración del presidente Donald Trump para comenzar con las expulsiones masivas.
De acuerdo con las cifras del ICE, hasta el 24 de noviembre del 2024, 253 mil 413 personas son guatemaltecas, por lo que Castro le hace un llamado al Gobierno de Bernardo Arévalo para que implemente planes de acción por parte de autoridades migratorias y consulares, así como para la recepción, atención, albergue, alimentación y transporte para quienes sean deportados.
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