“Casi todos estamos de acuerdo en que un niño que cruzó la frontera ilegalmente con sus padres, o en busca de un padre o de una vida mejor, no estaba haciendo una elección adulta para romper nuestras leyes, y debe ser tratado de manera diferente que los adultos infractores de la ley“, dijo Johnson.
El Gobierno de EE. UU. calcula que las primeras concesiones de Acción Diferida, que este abril alcanzaban un total de 560 mil beneficiados, comenzarán a expirar este septiembre, por lo que han querido adelantarse para evitar que haya un lapso de desprotección para los jóvenes mientras hacen la renovación.
Aquellos que deseen renovar esta salvaguarda contra la deportación deberán pagar una tasa de 465 dólares y cumplir los requisitos de haber residido en Estados Unidos sin interrupciones desde que entraron en el programa, no haber sido condenados por delitos graves y no representar una amenaza a la seguridad del país.
“Con la renovación del DACA, actuamos de acuerdo con nuestros valores y el código de esta gran nación. Pero la tarea más grande de la reforma migratoria integral aún está por venir“, agregó el secretario de Seguridad Nacional.
El 15 de agosto de 2012, la Administración del presidente Barack Obama puso en marcha el programa, que además de suspender las deportaciones a quienes cumplieran con los requisitos también ofrece permisos de trabajo para los jóvenes beneficiados.
Por entonces, los requerimientos para los estudiantes indocumentados incluían haber entrado en EE. UU. antes de los 16 años, no tener antecedentes penales o representar una amenaza para la seguridad nacional, y una prueba de inscripción o graduación en una institución secundaria o haber servido en las Fuerzas Armadas.
El presidente Barack Obama, bajo cuyo mandato se calcula que se han ejecutado más de dos millones de deportaciones, ordenó la Acción Diferida en plena contienda para su reelección y en respuesta a los grupos proinmigrantes que le exigían cumplir su promesa de 2008 de lograr una reforma migratoria que aun no se ha materializado.
El anuncio de este jueves se produce apenas unos días después de que la Casa Blanca postergara la revisión de los procesos de deportación solicitada por el propio presidente con el objeto de dar un poco más de margen al Congreso para maniobrar sobre una ley integral que solucione el sistema migratorio.
El año pasado el pleno del Senado aprobó un texto bipartidista para avanzar en la reforma, pero desde entonces continúa atascado en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que se niega a considerar el proyecto y someterlo a voto.
