“(El método de detención) está afectando los derechos humanos de muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias” , dijo el miércoles a The Associated Press el chileno Felipe González, segundo vicepresidente y Relator sobre Derechos de Migrantes de la comisión.
Añadió que “el uso que se está haciendo de la detención es completamente inaceptable y no es acorde al Derecho Internacional” .
Una misión de la comisión visitó a fines de septiembre el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza en McAllen, el Centro Residencial Karnes, ambos gubernamentales, y otros hogares manejados por organizaciones sin fines de lucro en el Valle del Rio Grande y San Antonio.
Según las leyes vigentes, los niños que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México o Canadá son rápidamente retornados a sus países, pero no existe tal acuerdo para Centroamérica, de donde provienen la mayoría de los niños que llegaron en el último año.
El 30 de septiembre recién pasado, un memorando de la Casa Blanca abrió las puertas para lanzar un programa de refugiados de Honduras, Guatemala y El Salvador en el año fiscal del 2015.
“Las mujeres y los niños son el grupo más maltratado y caen en una categoría que no tiene acceso a fianzas” , dijo la abogada de inmigración Denise Gilman, co-directora de la Escuela de Derecho y Clínica de Inmigración de la Universidad Estatal de Texas en Austin.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre el 1 de octubre del 2013 y el 31 de agosto del 2014, la Patrulla Fronteriza detuvo a 66.127 niñas y niños no acompañados, superando las 38.759 detenciones de niños registradas en el año fiscal del 2013. Además, hubo 66.142 detenciones de familias hasta el 31 de agosto del 2014, correspondientes al presente año fiscal que culminó el 30 de septiembre.
Las edades de los niños detenidos oscilan entre los 3 y los 17 años. Estas cifras corresponden solamente a la frontera sudoeste de Estados Unidos, lo cual constituye un aumento que la Comisióm calificó de “dramático” y que llevó a que la comisión visitara los centros, que lo hizo con dificultades.
“A fines de la semana pasada, cuando la visita ya estaba organizada, el Centro de Detención (de la Patrulla Fronteriza) en McAllen nos informó que no podíamos entrevistar a las personas detenidas” , dijo González a AP .
“Eso para la Comisión es completamente inaceptable…Es una regla de oro que la Comisión pueda entrevistarse libremente con las personas en detención” , afirmó.
Adelina Pruneda, vocera en San Antonio del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, dijo a AP que sólo podría comentar al respecto si tuviera detalles específicos de los supuestos abusos. “De lo contrario, éstas son solamente acusaciones, no hechos” .
Según la organización No More Deaths (No Más Muertes) , una organización humanitaria del sur de Arizona, entre 2009 y 2011 junto a otras organizaciones presentaron 75 quejas relacionadas con abusos supuestamente perpetrados por la Patrulla de Fronteras y Aduanas, sin obtener respuesta alguna.
El Concejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro de Washington, D.C., dijo haber detectado que para el 97% de las 809 denuncias contra agentes de la Patrulla Fronteriza entre enero 2009 y enero de 2011, las autoridades no tomaron acción alguna.
Roderick Kise, vocero de la Patrulla de Fronteras y Aduanas, no respondió un correo electrónico de AP .
“Si la CIDH, que es un organismo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, tiene estos problemas (para hablar con los detenidos), eso nos da una idea de la magnitud de los problemas que puede sufrir un organismo no gubernamental que trata de ayudar a estos niños y sus familias” , dijo González a AP .
