Fallidas políticas públicas en 20 años han forzado la migración

Instituciones académicas presentan informe que sitúa a la pobreza y la desigualdad como la principal causa de las expulsiones.

Decenas de migrantes intentan ingresar a Estados Unidos desde la zona de Playas Tijuana. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Decenas de migrantes intentan ingresar a Estados Unidos desde la zona de Playas Tijuana. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La pobreza que llega al 79 por ciento en áreas indígenas, así como la violencia que parece no detenerse son los principales detonantes de la migración irregular, que ha sido alimentada por fallidas política públicas implementadas por los gobiernos de Guatemala en los últimos 20 años, concluye un estudio presentado este martes por la Fundación Heinrich Boll y Alianza Américas.

El estudio, Políticas públicas: desplazamiento forzado interno y migración, determinó que existe una estrecha relación entre los planes de gobierno y la salida forzada del país de miles de guatemaltecos.

Tan solo en este año, 73 mil 83 personas han sido deportadas desde EE. UU. y México, mientras que la Patrulla Fronteriza de aquel país reporta la detención de 212 mil 69 familias guatemaltecas y menores de edad no acompañados.

País pobre

El análisis refleja que para el 2014 el 20 por ciento de la población más rica captaba el 57.3% de los recursos, mientras que el 20% más pobre, apenas el 3.3%, por lo cual la clase media disminuyó de 17% a 14% en los últimos 10 años, empujada por la falta de empleos formales y las escasas oportunidades de desarrollo e inversión para los emprendedores y para las medianas y pequeñas empresas.

Por si eso fuera poco la economía en el campo ha ido en franco retroceso, y la “la gran mayoría” de trabajadores agrícolas vive en pobreza con ingresos insuficientes para lograr un nivel de vida adecuado.

El deterioro de las condiciones de vida, enfatiza el informe, empuja la migración, sobre todo al analizar la diferencia abismal entre los salarios que se reciben en EE. UU. y Guatemala. En ese sentido, subraya que un trabajador agrícola gana en aquel país en una hora lo que podría ganar en su patria de origen en un día.

“Existe una estrecha relación entre los factores económicos y el desplazamiento y la migración  —ya que— el desempleo, la pobreza y la ausencia de inversión que promueve el desarrollo” convierten esta variable como la principal causa del desplazamiento”, señala el estudio.

El estrecho vínculo también se observa en el creciente flujo de remesas familiares que ha alcanzado cifras que casi igualan al total del resto de exportaciones y se han convertido prácticamente en un pilar que sostiene la economía.

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Sistema fallido

Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Dirk Bornschein, institución que contribuyó con el estudio, la migración forzada —por pobreza, violencia o persecución— es un síntoma de que el Estado “no ha hecho las cosas bien”.

Para el académico “lo que falta en este país es una reorientación de la política económica que incluya la prosperidad y desarrollo local”, políticas con enfoques en educación y emprendedurismo también para los pequeños empresarios y cooperativas sectores de los cuales “se habla mucho, pero se hace poco”.

“El desarrollo local no ha sido un enfoque principal de este gobierno ni tampoco de las anteriores. El asilo, la migración, la expulsión son síntomas del fracaso económico y político de un país”, lamentó Bornschein.

Seguridad y justicia

El estudio también se enfoca en las “fallidas” políticas para disminuir la violencia, implementadas por las cinco administraciones, desde Óscar Berger (200-2004) hasta Jimmy Morales (2016-2020).

De esa cuenta cita cómo las políticas gubernamentales han posibilitado el debilitamiento de instituciones como la Policía Nacional Civil y se apostó por políticas coercitivas y de fortalecimiento del Ejército el cual se involucró en labores de seguridad ciudadana.

Al priorizar la militarización de la seguridad ciudadana, subraya el análisis, “se pone menos énfasis en desarrollar políticas públicas que generen y fortalezcan una visión democrática que ha sido efectiva en países que han salido de problemáticas similares de violencia”.

Además, con políticas de esta naturaleza se ha retrocedido en los progresos alcanzados en seguridad ciudadana relacionados con la profesionalización y mayor legitimidad que en algún momento logró la Policía.

Como ejemplo de esa práctica, el estudio cita que durante los gobiernos de Berger y de Álvaro Colom (2008-2012) se fortaleció a la Dirección General de Inteligencia Civil, pero retrocedió de forma “alarmante” en los gobiernos siguientes.

Y la muestra del fracaso de las políticas se evidencia en la gran cantidad de homicidios y extorsiones. Del 2004 al 2018 fueron asesinadas 77 mil 20 personas, con el pico más elevado en el 2008 —48 asesinatos por cada 100 mil habitantes—; además, se registraron 71 mil 612 denuncias por extorsión.

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Población huye de sus países

Marisol Garcés Vergara, investigadora de la Fundación Heinrich Boll, señaló que las políticas públicas que no mejoran la calidad de vida de las personas y no disminuyen la violencia terminan por afectar la calidad de vida de las personas con lo cual huyen de sus países.

Destacó que, al implementarse los programas sociales en el 2008, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, registró una disminución de la pobreza en el 2011, pero después de este año cuando se cortaron estos proyectos, la pobreza aumentó y consecuentemente la migración.

Esto, afirma Garcés, demuestra que los programas sociales impactaron positivamente a la población, pero al ser concebidos como un instrumento político ese efecto fue temporal. “Si los programas sociales fueran políticas de Estado y no se politizaran, y fueran más allá del gobierno de turno fuera ideal”, apuntó.

“El campo está totalmente pauperizado (empobrecido). En el país no hay políticas publicas que apoyen a los campesinos, y aparte los jóvenes no tiene oportunidades de empleo”, añadió Garcés, quien calcula que en cuestiones de pobreza el país ha retrocedido a los niveles que se tenían a finales de los años 90.

El estudio concluye que, si los gobiernos quieren reducir la migración forzada, es imprescindible mejorar la recaudación, fortalecer el sistema político, combatir la corrupción y hacer un sistema de justicia eficaz y fortalecido.

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