El 5 de septiembre del 2019, Marta* y sus hijas de 6 y 1 años salieron de Tegucigalpa, Honduras, con la intención de juntarse con su esposo, Álvaro*, en Wisconsin, EE. UU. Hacía un año y medio que no se veían, y aunque en principio la idea era que ella se quedara en el país centroamericano tuvo que salir porque fue amenazada por las pandillas.

LEA TAMBIÉN

Nueva caravana de hondureños refleja fracaso de medidas represivas contra la migración, dicen expertos

Casi cuatro meses después de que salió de Honduras, el 30 de diciembre pasado, Marta y sus hijas llegaron a la frontera sur de EE. UU. con la intención de pedir asilo, pero a raíz del ACA, este martes 21 de enero fueron deportadas a Guatemala para que acá pida protección.

Pero el asilo en Guatemala no sería una opción, como muchos hondureños que han sido enviados a este país.

Hasta el 20 de enero otros 137 centroamericanos, 86 hondureños y 51 salvadoreños, habían sido deportados por EE. UU. a Guatemala por ACA, y el hecho de que solo dos de ellos hayan solicitado refugio demuestra que este país no es una opción en la cual los migrantes se sientan seguros, ni mucho menos donde tengan oportunidades de desarrollo.

Historia

Desde que Álvaro se marchó a EE. UU. su esposa y sus hijas vivían bien, no les faltaba nada y para aprovechar el dinero que le enviaba mes a mes, decidieron poner una abarrotería, un “supermercadito” como se le conoce en Honduras a esos negocios.

La pequeña empresa iba bien; sin embargo, todo cambió cuando pandilleros comenzaron a extorsionarla, al extremo que la amenazaron con matarla a ella y las niñas si se negaba a pagar.

Fue así como en septiembre decidieron dejarlo todo en Tegucigalpa y marcharse a EE. UU.

El viaje fue tortuoso, relata Álvaro, en principio pagó US$6 mil al coyote que le prometió llevarla hasta Wisconsin. Pero ya en México todo cambió y este se desapareció sin dejar rastro.

Los días pasaban sin que Álvaro recibiera noticias de su familia, hasta que un día a principios de diciembre recibió una llamada en la que un hombre le indicaba que tenía en su poder a su esposa e hijas y que, si quería volver a verlas en EE. UU. debía pagar otros US$4 mil 100.

“Prácticamente la tenían secuestrada”, afirmó el migrante hondureño vía telefónica desde EE. UU., quien indica que le costó mucho reunir esa cantidad de dinero para ver a su familia, pero que lo hizo porque en su país la vida de sus seres queridos corre riesgo.

“Ella no puede regresar a Honduras, ella está amenazada desde que no pagó la extorsión, le dijeron que le iban a hacerle daño a su familia. No quiso denunciarlo a la policía porque ellos mismos lo matan a uno”, refiere Álvaro vía telefónica, entre la resignación y tristeza.

“Me siento de la patada, destrozado, porque no entiendo por qué no le quieren dar a silo a mi familia. Si ellos salieron de allá no fue por necesidad, porque yo les daba todo, sino por miedo”, agrega, al indicar el estado emocional en que se encuentra.

Álvaro soñaba con tener a sus hijas y darles buenos estudios, una oportunidad de tener un futuro mejor, algo que a raíz de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump fue imposible.

“Nos están tocando el corazón, se están metiendo con lo que más queremos, con nuestras familias. Le pido a las autoridades que tengan compasión para mí, que tengan conciencia, somos humanos, el hecho que seamos migrantes no es para que nos traten como animales”, dice con cierto dejo de cólera el migrante hondureño.

Nada detiene a la gente

Silvia Rodríguez es una activista migrante guatemalteca que se involucró en el tema desde el 2018 cuando ocurrió la separación de familias por la política Tolerancia Cero. Ella acompañó a Álvaro en el proceso que trataba de impedir su deportación a Guatemala.

Rodríguez lamenta la injusticia que EE. UU. comete con hondureños y salvadoreños que huyen de la violencia y las regresan a Guatemala, porque este país no es seguro, por lo tanto, el acuerdo firmado entre esos dos países solo es un mecanismo “para castigar ala gente, para decirle no se vengan”.

Sin embargo, la activista resalta que a pesar de las acciones y de todo lo que se conoce alrededor del tema migratorio, los centroamericanos están dispuestos a correr cualquier riesgo para salir de la situación de pobreza y violencia de los países del Triángulo Norte.

“Ellos —los gobiernos— no entienden la necesidad, la gente está dispuesta a jugarse la todo, he hablado con migrantes que dicen ‘yo prefiero perder la vida intentando hacer algo, que quedarme allá y no hacer nada’”, comenta.

Rodríguez añade: “Hay gente que quiere deshumanizar a los migrantes y dicen que los papás son unos irresponsables, pero no saben ni se dan cuenta de que la gente se está muriendo de hambre. En Guatemala la gente del interior apenas gana Q25 diarios”.

Acción infructuosa

Un equipo de abogados presentó, sin éxito, acciones legales para evitar la deportación; su base legal, el Acuerdo de Flores que dicta que un niño o unidad familiar no puede permanecer detenida por más de 72 horas.

En la acción que los abogados presentaron a un juez federal del distrito sur de Texas, los representantes de la familia argumentaban que la madre y los niños debieron haber salido en libertad como lo señala el mencionado acuerdo, algo que no se respetó.

Desde 1997 para menores de edad y del 2015 para unidades familiares, el Acuerdo de Flores que establece las garantías mínimas de cómo estos deben ser tratados. Bajo ese marco legal, la familia debió haber sido llevada a un albergue con condiciones aptas en lo que se resolvía su situación migratoria a más tardar 72 horas después de su detención.

Pero, según la abogada que prefirió no ser citada porque trabaja en un organismo internacional, la administración Trump argumenta que el Acuerdo de Flores no se aplica a este caso porque prevalece el Acuerdo de Cooperación de Asilo, firmado entre EE. UU. y Guatemala en julio del 2019.

*Se usaron nombres ficticios para resguardar su identidad

Contenido relacionado

Alejandro Giammattei declara estado de Prevención en Mixco y San Juan Sacatepéquez

Compra de placas metálicas para vehículos supera otra etapa y adjudican empresa

Arnoldo Vargas, condenado por narcotráfico en EE. UU., asegura su presencia en la comuna de Zacapa