“Entiendo el deseo de acelerar el proceso, pero la aceleración sin el debido proceso no es aceptable”, insistió el senador por Nueva Jersey durante una audiencia en el Comité que él preside con motivo de la crisis migratoria en la frontera suroriental.
“Me opongo a la modificación de la ley existente. Hay una razón por la cual se aprobó esa ley. Fue aprobada para indicar que en las naciones no contiguas, si usted está huyendo a lo largo de 2.000 millas para tratar de llegar a Estados Unidos, puede haber una mayor probabilidad de que usted esté ante caso real de obtención de asilo, porque usted tiene un temor creíble por la pérdida de su vida” , explicó el senador.
“Ahora bien, si huyes 2.000 millas y las bandas te dicen únete o muere; si te violaron, y huyes 2.000 millas para no experimentar jamás ese conjunto de circunstancias trágicas y traumáticas, usted no viene con nada más que con lo puesto. Y cuando llegue aquí a Estados Unidos, necesitará un período de tiempo razonable para poder demostrar los hechos sobre su caso” , agregó Menéndez.
El senador de origen cubano se refería a la propuesta conjunta planteada por el senador republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuéllar, que busca una aceleración de los procesos de deportación de los niños provenientes de Centroamérica.
El texto Cornyn-Cuéllar tiene el objetivo de modificar las leyes actuales para dar el mismo trato a los menores procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador que a los llegados desde un país fronterizo como México, los cuales pueden ser deportados en apenas unas horas tras su entrada ilegal.
Esa propuesta estipula que los niños que resulten elegibles para algún tipo de amparo en Estados Unidos, como el asilo, se presenten ante la corte de inmigración en los siete días posteriores a haber sido examinados por los funcionarios de Salud y Servicios Humanos (HHS) .
Si el juez decide que un niño puede presentar su reclamación legal, que tendrá que cursar en las 72 horas siguientes a la resolución del magistrado, el menor podrá permanecer en el país con una persona que lo custodie mientras su caso se abre paso a través de los tribunales; de lo contrario, será deportado.
El debate sobre la crisis se ha centrado en esta modificación, que los republicanos exigen para aprobar fondos de emergencia contra la crisis. El presidente Barack Obama ha solicitado al Congreso 3.700 millones de dólares adicionales.
Además de la aceleración de los procesos de deportación, los conservadores exigen una cantidad más modesta y la militarización de la frontera para aumentar la seguridad, condiciones sobre las que la Casa Blanca está dispuesta a dialogar pero que resultan inaceptables para algunos demócratas como Menéndez.
