De acuerdo con las autoridades federales, Johnson violó los derechos constitucionales de numerosos ciudadanos estadounidenses al detener a latinos sin una sospecha razonable de que hubieran cometido un delito.
Asimismo, la querella señala que Johnson buscó obstruir la investigación federal al ocultar documentos y falsificar expedientes.
Johnson es republicano y se le eligió por primera vez en 2002. Dijo que la investigación tiene un móvil político.
Su departamento había sido suspendido ya de un programa para la verificación del estatus migratorio de los presos.