En la decisión emitida el jueves de la semana pasada, el juez del Condado Davidson, Russell Perkins, dijo que la Constitución federal da al gobierno nacional la autoridad para fijar las políticas de inmigración, no a la Legislatura estatal.

Como resultado, Perkins dijo Martínez tenía derecho a prestaciones por casi US$45 mil. No está claro si el estado apelará la decisión.

Brian Dunigan, abogado que representó a Martínez, dijo que este caso era una prueba de que la ley en mención podía derogarse.