Con estas modificaciones se pretende darle más herramientas al Ministerio Público (MP) para que investigue y procese a las personas llamadas coyotes, que se dedican a ofrecer, facilitar, planear, coordinar, ocultar o incentivar a connacionales a que migren a otros países en forma ilegal.
Las reformas también contemplan ampliar el ámbito de la Ley contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, al facultar al MP para utilizar los métodos permitidos en la norma contra las redes de coyotaje y evitar así que se siga promoviendo la migración ilegal de guatemaltecos a otros países.
Sin embargo, la propuesta generó críticas en diferentes círculos de la sociedad civil que rechazan cambios aislados a la Ley de Migración, al calificar la acción de coyuntural y no sustantiva.
Las instituciones demandan una reforma integral, además de que se faciliten mejores condiciones socioeconómicas para evitar que los connacionales busquen otras oportunidades en el extranjero.
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El contenido
El diputado oficialista Oliverio García entregó la iniciativa de ley ayer a la Dirección Legislativa, y explicó que esta nació del intercambio de opiniones y de escuchar las sugerencias del MP y el Organismo Judicial.
El nuevo delito es una adición al artículo 108 de la Ley de Migración, y detalla que será tráfico ilegal de guatemaltecos cuando “por vía terrestre, aérea o marítima, cuyo fin sea su ingreso ilegal a un segundo o tercer país, utilizando para su salida del territorio guatemalteco lugares habilitados o no por la Dirección General de Migración”.
Entre los agravantes que se contemplan se señala que podrán aumentar las penas en dos terceras partes cuando el migrante sea menor de edad o el infractor sea funcionario público.
También se destacan como agravantes el hecho de que se impulse, por un grupo organizado de tres o más personas, que el migrante sea víctima de trata o vejámenes físicos y mentales y que la víctima sea apresada en el extranjero o falleciera por causa directa o naturaleza culposa.
“Estamos hablando de la vida, libertad e integridad de muchas personas, y debería ser aprobado lo más pronto posible”, demandó García.
El parlamentario destacó que existen testimonios que confirman los vejámenes que sufren los connacionales en su tránsito hacia EE. UU., donde incluso se exponen a violación y secuestros.
Agregó: “Hay testimonios donde a las mujeres se les recomienda que un mes y medio antes —de iniciar el viaje— comiencen a tomar píldoras anticonceptivas porque les garantizan que en la travesía las van a violar tres o cuatro veces”.
El también legislador oficialista José Fernández, partícipe de la redacción de la iniciativa, destacó que con ese cambio se espera que se combata enérgicamente el tráfico ilegal de guatemaltecos y se reduzca este problema.
“Se dan herramientas al MP para atacar el problema porque no nos podemos dar el lujo de que haya gente que se endeude por salir de Guatemala y después nadie se quiera hacer responsable de ellos”, explicó Fernández.
El presidente de la Comisión del Migrante y diputado del bloque Todos, Jean Paul Briere, resaltó que es un primer esfuerzo y aún se trabaja en otros cambios a la normativa para proteger a quienes buscan un trabajo en otro país.
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Insuficiente
Sectores sociales coinciden en que los esfuerzos para frenar la crisis migratoria deben ser integrales y no cambios aislados a la legislación, al afirmar que en la actualidad ya se tipifica el tráfico ilegal de personas.
“Esto es cargar a la ley de delitos”, dijo Úrsula Roldán, del área de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar.
La académica insistió en que los cambios deben enfocarse en una reforma total a la Ley de Migraciones.
“Tenemos un rezago en la Ley de Migración muy fuerte. Tenemos la intervención de la Dirección General de Migración que no termina. Hay muchos rezagos en legislación para el tema de migración integral, y que solo se tome el delito es penoso”, aseguró Roldán.
Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, señaló que se trabaja en una reforma completa, y aunque endurecer las penas para combatir a los coyotes es una acción positiva, aún se deben contemplar otros factores que influyen en el aumento de las migraciones.
“Ya se está trabajando un borrador de iniciativa de ley más completo, incluye un elemento de persecución penal contra quienes promueven o faciliten el tráfico ilegal de personas, pero es un capítulo dentro de otros que se discuten, como el tema de protección a la niñez, proyectos de vida para la niñez y fortalecer instituciones como garantes de derechos humanos”, resaltó Dubón.
Para la Pastoral de Movilidad Humana, reforzar la persecución penal contra los coyotes es simplemente parte de la coyuntura.
Agregó: “Quizá la iniciativa es buena para el artículo en específico, pero debería ser parte de un proceso de una reforma total a la Ley de Migración porque hay muchos aspectos como el tráfico ilícito de personas que necesita endurecer las penas y sacarlo de la Ley de Migración y ponerlo en el Código Penal”.
EJECUTIVO
Espera aprobación
El gobernante Otto Pérez Molina declaró que hacer correr riesgos a los migrantes, especialmente a los menores de edad, debe tipificarse como delito.
“Esperamos que el Congreso pueda conocer esta iniciativa lo más pronto posible y pueda ser aprobada, y eso nos permitiría judicializar ese tema de los famosos coyotes”, refirió.
Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, con la ley como está “podemos llevar a tratantes a la cárcel”.
Ponente
Métodos especiales
El diputado Oliverio García explicó que no se hace ningún cambio al Código Penal, pero sí se amplía el ámbito de la Ley contra la Delincuencia y Crimen Organizado, para permitir al Ministerio Público las escuchas telefónicas y utilizar agentes encubiertos durante la investigación de casos de tráfico ilegal de guatemaltecos.
“El que facilita a una persona salir del país sabe que será sometido a vejámenes. No podemos decir que sea una actividad lícita”, añadió.
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Debe ser integral
Para Úrsula Roldán, de la Universidad Rafael Landívar, la mayor preocupación de los legisladores deberían ser los factores por los cuales más guatemaltecos viajan a otro país.
Agregó: “Eso tiene que ver con condiciones socioeconómicas de donde están saliendo, y el tema de violencia es otra de las causas”.
Según Roldán, enfocarse en la criminalización podría no ser la solución al problema, y por el contrario, generaría más conflictividad social.
Sanción
12 años de cárcel se fija, por tráfico de personas.
Cambios
7 agravantes se incluyen al delito contra los coyotes.
