“Muchas veces es por el dinero. Aunque los casos de menores son difíciles de ganar, los abogados cobran su cuota para asegurar que va a presentar un caso por lo menos respetable ante la corte, y la mayoría de las veces la familia del menor no puede pagar ese dinero“, explicó este viernes el abogado Fernando Romo, especialista en leyes migratorias.
El coste para defender a uno de estos menores que cruzaron la frontera sin acompañamiento de un adulto está entre los US$2 mil y los US$4 mil, señaló el abogado.
Esta situación llevó al gobernador de California, Jerry Brown, y legisladores estatales latinos a anunciar el jueves un programa, con U$S3 millones de presupuesto, para ayudar a sufragar el costo legal a estos menores que actualmente residen en la región y deben enfrentar una corte de inmigración.
Otra de las opciones que tienen los menores y sus familias en todo el país es buscar una organización que ofrezca representación legal sin coste.
“Lo que pueden hacer las familias es buscar a las organizaciones comunitarias que tienen abogados pro bono (gratuito) para la defensa de estos niños“, comentó Romo, quien ofrece este tipo de servicio en una organización comunitaria.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (EOIR) afirma que es demasiado pronto para conocer los datos desglosados de los casos de los menores que cruzaron la frontera en los últimos meses, aunque, señala que el 46 % de los menores no se han presentado a su cita en corte en lo que va del año fiscal 2014 (que comenzó el 1 de octubre de 2013) , lo que automáticamente les da una orden de deportación en ausencia.
La vocera de EOIR, Kathryn Mattingly, explicó que hay cerca de cien mil casos de menores en las cortes de inmigración y que, hasta ahora, en el 48 % de ellos los niños no son representados por un abogado.
En un reciente reporte el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracuse, en el estado de Nueva York, indicó que de los menores que se presentan solos en corte, el 77 % recibió una orden de deportación, el 13 % firmó una orden de salida voluntaria y el 10 % restante pudo quedarse en el país.
Mientras, con representación legal, el 47 % pudo permanecer legalmente en el país.
“En la ley de inmigración el derecho a tener un abogado no es gratis, el Gobierno no le da abogados a nadie y la pregunta es cómo estos niños van a tener acceso a los abogados o a las organizaciones comunitarias. Están muy chicos y no saben el proceso legal“, comentó Víctor Nieblas, presidente electo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA ).
En opinión de Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños (ASOSAL), tener representación legal puede suponer la diferencia entre la deportación y permanecer en el país.
“Sí, hace la diferencia, y es muy importante tener representación legal. Aunque todo depende del juez, pienso que los abogados pueden defender más, pueden poner muchos más argumentos. Estamos buscando más abogados pro bono“, dijo este viernes Tejada.
Nieblas se preguntó dónde está la ayuda que el Gobierno federal se comprometió a dar a través del programa de servicio comunitario AmeriCorps, que ofrecería cien abogados y profesionales paralegales a los niños más vulnerables con el fin de mejorar la eficiencia de los tribunales.
“Hasta ahora no hemos visto nada de esto; no he visto que ningún abogado que esté ayudando a los niños por medio de este anuncio del Gobierno“, enfatizó Nieblas.
Además, dijo, en el país no hay suficientes abogados para atender a los más de 63 mil menores que han cruzados solos la frontera sur del país en los últimos 10 meses.
