Las víctimas mortales fueron 40, 39 adentro del centro de detención, uno más en un hospital. De ese total, fueron 19 guatemaltecos los que perecieron. Otros nueve connacionales están hospitalizados en centros asistenciales mexicanos.
El incendio comenzó porque un migrante inconforme, al menos, inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas. Les pedían dinero a cambio de dejarlos irse, según Vice World News.
Incluso, la noche del incendio, según la denuncia, también vendían cigarrillos, encendedores y drogas de todo tipo a los migrantes detenidos en el centro.
De acuerdo con la investigación de Vice World News, “tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones dijeron que la cárcel de inmigrantes era un centro de extorsión de facto, donde solo los inmigrantes con los medios para pagar eran liberados. Otros tendrían que permanecer allí y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen”.
“Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías $200 o te devolvían a tu país”, dijo al medio digital Vice World News, Joan, un migrante venezolano que asegura haber pagado para salir del centro de detención. “Pidió ocultar su apellido por temor a represalias”, citan.
Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas el mismo día del incendio. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 19 horas. “Ese es el plazo que comentó que le dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportado al día siguiente”, agregan.
“Solo estoy vivo porque mi familia pagó”, contó a Vice World News.
De acuerdo con la pieza periodística “los familiares de los inmigrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión en las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privada para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos”.
Esos detalles los dieron dos guardias de seguridad que trabajaban en el centro de detención. Ellos dijeron que “las ganancias luego se repartían entre quienes administraban el esquema, incluido el personal del Instituto Nacional de Migración de México”.
“Cada migrante pagaba entre $200 y $500 para ser liberado”, expresó un guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, incluida la noche del incendio.
Pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias. “Cerramos las puertas a las 7 pm y si pagaban antes, los dejábamos salir. De lo contrario, eran deportados a sus países o enviados a la Ciudad de México”, expresó al medio Vice World News.
De acuerdo con Vice World News el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez estaba integrado por agentes del INM de México y guardias de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa.
“Tanto los oficiales del INM como los guardias supuestamente dirigieron la operación basada en transferencias electrónicas para estafar y extorsionar a los migrantes detenidos, según una denuncia oficial”, cita el reporte del medio.
EXCLUSIVE: 40 migrants locked in a cell died as an immigration detention center burned. Now, survivors and security guards tell VICE World News that those who died did so for one reason: they couldn’t or did not pay a $200 bribe to guards to be released. https://t.co/BOjY0V7LWR
— VICE News (@VICENews) April 6, 2023
La cifra de fallecidos de Guatemala suman 19, según el último balance que comunicó el Minex el pasado 2 de abril.
Para los procesos de identificación de los migrantes, personal del Registro Nacional de las Personas (Renap) viajó a territorio mexicano para su reconocimiento a través de huellas dactilares.
Además, entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, siete venezolanos, y un colombiano.
Además de los guatemaltecos fallecidos hay heridos, y aún hospitalizados. Ellos son Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot, de 26 años; Diego Soy Guarchaj, 20; Eliseo Gutiérrez Valdez, 22; Enrique Coy Pop, 24; Fernando Pu Castro, 25; Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, 28; Kevin Estuardo Cardona López, 25; Rubbesly Manrique Pérez Rodríguez, 38 y Wilson Alexander Juárez Hernández, 21.
La Fiscalía General de la República mexicana detalló que tres agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.
Mientras que otra persona, la que inició el fuego, supuestamente, fue vinculada como autor material de los delitos de homicidio y lesiones dolosas.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que la estación donde murieron los 40 migrantes fue suspendida.
Agregó que los migrantes indocumentados que buscan asilo político en Estados Unidos serán trasladados al centro integrador para el migrante “Leona Vicario”.
El gobierno de México canceló el contrato con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que lo habían adjudicado en forma directo por un mínimo de 76 millones de pesos mexicanos (poco más de 35 mil quetzales) y un máximo de 190 millones (poco más de 90 mil quetzales).
De acuerdo con Vice World News, Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en nombre de los familiares de los migrantes fallecidos, acusando de extorsión a los directivos del INM y su oficina regional.
La denuncia, según cita Vice World News, acusa a Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, y a Daniel Goray Yosioka, gerente del centro de detención donde murieron los migrantes, de encabezar la supuesta trama de extorsión.
“Goray ahora está bajo arresto mientras que González está bajo investigación, según las autoridades. Vice World News no pudo comunicarse con ellos para hacer comentarios o determinar de inmediato quién los representa”, explican.
La denuncia alega que Guerrero y Yosioka cobraron a los migrantes $500 por un documento de “liberación prolongada” que les permitiría ser liberados.
El INM mantuvo entre 30 y 80 migrantes encerrados en las instalaciones a la vez, pero solo extorsionaron a los migrantes varones, dijo a Vice World News el guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, y agregó que sus superiores estaban muy al tanto del esquema.
“La empresa SEICSA SA de CV, con sede en la Ciudad de México, operó seguridad privada en el centro de Ciudad Juárez desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, según una copia del contrato revisada por VICE World News”.
La extorsión continuó bajo el nuevo proveedor, Camsa, con sede en la Ciudad de México, que se hizo cargo de las instalaciones el 1 de marzo, según los dos guardias, los migrantes retenidos en las instalaciones y la denuncia presentada por un abogado que representa a las familias de los muertos. migrantes.
