Del total de menores detenidos en la frontera desde el 2009, dos mil 349 han sido deportados y 30 mil 279 esperan un proceso judicial. De estos, el 42 por ciento (12 mil 717) podrían calificar a algún beneficio migratorio.
Difícil situación
Alessandra Soler, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, calificó de “grave” la situación de los niños que enfrentan los procesos judiciales, ya que el Gobierno de EE. UU. no les facilita un abogado defensor.
“Es un problema muy grave, porque la demanda es mucho más grande que la capacidad del sistema legal y la mayoría de abogados que prestan servicio son sin fines de lucro”, indicó Soler.
“Nos preocupa cómo garantizar que cada niño que llega a la corte es escuchado y tiene el tiempo y asesoría legal para poder argumentar su caso porque, si no, es posible que muchos no puedan calificar, cuando sí podían hacerlo con un debido proceso”, aseveró José Luis Gutiérrez, de la Alianza de Comunidades de Latinoamérica y el Caribe.
El vicecanciller Óscar Padilla aseguró que los consulados no pueden prestar asesoría legal en Estados Unidos, porque las leyes de aquel país no lo permiten.
Sin embargo, afirmó que orientan a quienes lo solicitan e incluso sirven de enlace con organizaciones que pueden prestar asesoría gratuita.
