Siete meses después, después de una serie de citas canceladas por su abogado, Jiménez recurrió a una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, la cual confirmó lo que ella sospechaba: la engañaron.
Descubrió que una recepcionista había quedado a cargo de su trámite y que no se había hecho prácticamente nada. “Me aseguraron que las cosas no se hacen así, que no estaba llenando los formularios indicados y que el dinero que pagó tampoco era lo apropiado”, declaró Jiménez sollozando.
Estos engaños son comunes y por lo general no son detectados por las autoridades, que se enfocan en los casos más graves. El Congreso podría abordar el tema como parte de una reforma a las leyes de inmigración que contempla una mayor protección contra los estafadores que se aprovechan de las personas que tratan de conseguir la ciudadanía.
“Este es un problema previsible”, dijo el representante demócrata Bill Foster, quien presentó un proyecto de ley que contempla multas y condenas a prisión de 10 a 15 años para quienes ofrezcan servicios fraudulentos a personas que hacen trámites de inmigración.
No hay estatutos federales que penen la mala asesoría en relación con temas de inmigración, aunque el Departamento de Justicia dijo que las autoridades pueden castigar a los infractores usando otros estatutos.
Algunos expertos opinan que la creación de leyes específicas se hará sentir en sitios donde las autoridades locales no tienen los recursos para hacer frente a una carga mayor.
Afirman que las personas sin conocimientos que tratan de sacar adelante casos complejos pueden arruinar las oportunidades de los inmigrantes de obtener beneficios e incluso hacer que los deporten.
“Cada vez que tenemos (debates) sobre la reforma a las leyes de inmigración surgen estos individuos que se aprovechan de los desposeídos”, declaró Doug Stump, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (American Immigration Lawyers Association).
“Y muchas de estas personas no son abogados sino notarios, que aparecen cuando les es más conveniente”.
Un banco de datos nacional alerta a las autoridades sobre abogados inescrupulosos y otras personas sin título que se presentan como notarios, oficio popular en América Latina, que genera la impresión de que están autorizados a manejarse en el sistema judicial.
La Federal Trade Commission (Comisión Nacional de Comercio) comenzó a registrar las denuncias contra estos personajes en 2006 y ha percibido un aumento gradual en la cantidad de denuncias. Su base de datos tiene casi 3 mil denuncias, pero expertos y las autoridades coinciden en que el problema es mucho más grande.
El abogado de la Federal Trade Commission Michael Waller dijo que muchos casos no son denunciados porque inmigrantes sin permiso de residencia temen las repercusiones legales que pueden tener si acuden a las autoridades.
“Si pudiese hacer algo, haría que esta gente haga las denuncias”,comentó Waller. “Es lo más importante que pueden hacer para ponerle fin a este tipo de fraude”.
Desde 2002, la procuraduría de Texas ha empleado leyes de protección del consumidor para cerrar más de 75 negocios que daban asesoría ilegal sobre inmigración. Otros estados de la frontera, como California, Arizona y Nuevo México, tienen leyes similares que les permiten combatir estas actividades.
Uno de sus blancos fue Elías Bermúdez, un contador que prepara declaraciones impositivas y al que en al menos dos ocasiones se le prohibió ofrecer servicios de inmigración a sus clientes porque no estaba habilitado para hacerlo.
En 2009 un juez de condado de Arizona le ordenó que dejase de hacerlo luego de que sus clientes dijeran que le habían pagado miles de dólares por servicios que nunca recibieron. El año pasado se mudó a Arizona y abrió una nueva oficina, que fue cerrada por las autoridades porque no estaba habilitado para ofrecer asesoría sobre asuntos de inmigración.
Bermúdez sostuvo que ofrecía un servicio legítimo y que las leyes para impedir que personas como él ayuden a los inmigrantes perjudicarán a esa comunidad.
“Hay mucha gente que puede hacer un buen trabajo (relacionado con los trámites de inmigración), a un precio razonable”, expresó. “Piensan que la comunidad (de inmigrantes) no quiere ahorrar dinero?”.
Además de legislar el fraude de notarios, el proyecto de Foster permitiría que los inmigrantes que fueron deportados por haber recibido mala asesoría de abogados inescrupulosos puedan volver a iniciar sus trámites y contempla que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (U.S. Citizenship and Immigration Services) conceda fondos a organizaciones serias que ofrezcan asistencia legal a los inmigrantes.
Un artículo del proyecto de reforma aprobado por el Senado exige que toda persona que asiste a un inmigrante se identifique en los formularios. Permitiría además que la Secretaría de Justicia elabore normas más específicas para las denuncias de gente que ofrece asesoría de inmigración irregular.
Estados como Arizona y Texas dicen que no tienen objeciones a que el gobierno nacional ayude a combatir el fraude de notarios, pero no está claro el impacto que tendrán las propuestas hasta que los legisladores regresen este mes a Washington luego de un receso veraniego.
Organizaciones sin fines de lucro de todo el país dicen que muchas veces los abogados legítimos “le dicen a los inmigrantes cosas que no quieren escuchar y acuden entonces a gente que les dicen lo que quieren oír”, afirmó Manuel Robles, coordinador de Catholic Charities de Dallas, una agrupación que tiene abogados de inmigración.
“Le digo a la gente que viene que tienen que ser honestos porque no podemos ayudarlos si nos mientan sobre su status”.
