La Asamblea arranca el miércoles próximo y escuchará seguramente nuevos planteamientos de los países de la región, que piden la colaboración de la comunidad internacional en la lucha contra ese problema, que se hace sentir con mayor fuerza en naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyos gobiernos se ven a menudo desbordados por la violencia y la corrupción asociados con el tráfico de drogas.
En un reflejo de la importancia que tienen el tráfico ilegal de drogas y sus derivaciones para América Latina, la Organización de Estados Americano (OEA) se reunió en una asamblea extraordinaria en Guatemala para analizar ese asunto, en medio de especulaciones de que piensa pedir a las naciones consumidoras que asuman un papel más relevante en esa lucha.
Los expertos coinciden en que, si bien no se pueden esperar soluciones concretas en ese tipo de reuniones, los países latinoamericanos podrán presionar en la Asamblea General de la ONU para que los niños inmigrantes obtengan un estatus de refugiados, sobre todo si se toma en cuenta que un informe de marzo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados dijo que el 58% de los niños son elegibles para algún tipo de protección humanitaria.
“Si la oficina del Alto Comisionado de la ONU habló de esto, sospecho que ahora muchos de estos países podrían pedir que se insista en eso y que se juegue un mayor papel a la hora de determinar cuál debería ser el estatus de esos niños”, opina Christopher Sabatini, del Consejo de las Américas.
Los mandatarios centroamericanos podrían también llamar a que se respeten los derechos humanos de esos niños migrantes, así como expresar su decepción porque el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado una reforma a las leyes de inmigración, señala Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica para el Woodrow Wilson International Center for Scholars, que analiza asuntos de política internacional en Washington DC.
“Es un tema muy sensible para toda la región”, dijo la experta. Todos estos son, de hecho, asuntos relacionados. Mientras haya consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, seguirá habiendo narcotráfico, violencia, corrupción, pobreza y emigración en los países productores de narcóticos.
Más de 66 mil niños, casi todos salvadoreños, hondureños o guatemaltecos, fueron detenidos desde octubre del 2013 hasta agosto de este año tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos sin sus padres, según datos del gobierno estadounidense. El presidente Barack Obama dijo que se había producido una “crisis humanitaria” y pidió al Congreso US$3 mil 700 millones para afrontarla.
EN GARRAS DE LAS MARAS
Los carteles y pandillas que controlan el tráfico de la droga son mencionados como los causantes de la emigración. El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, el hondureño, Juan Orlando Hernández, y el salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, llegarán a la Asamblea y es previsible que soliciten ayuda internacional, como ocurrió hace dos años, cuando los mandatarios de México, Guatemala y Colombia redactaron una carta en la que promovieron la exploración de alternativas a la solución militar en la lucha contra el narcotráfico, incluida la legalización del consumo de ciertas drogas.
Esos pronunciamientos, no obstante, no resuelven nada si no hay un cambio en la mentalidad de los organismos internacionales como la ONU y no se promueven programas pilotos revolucionarios sobre regulación y descriminalización de las drogas, opina el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, quien forma parte de una coalición llamada Global Comission on Drug Policy.
“Hacer una bonita declaración en la Asamblea General no es suficiente”, dice el exmandatario. El grupo del que es parte, que incluye al exgobernante colombiano César Gaviria, presentó la semana última, en Nueva York, un informe a favor de la regulación de las drogas.
Ese grupo espera que la sesión especial sobre drogas que mantendrá la Asamblea General en el 2016 abra una nueva perspectiva, para que se debatan políticas regulatorias como las adoptadas por Uruguay o los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos.
Mientras el Gobierno de EE. UU. reconoce que todavía hay mucho por hacer ante la crisis de los menores centroamericanos indocumentados que llegan solos a la frontera, expertos y activistas afirman que más pronto que tarde se registrará una nueva entrada masiva de niños.
“La situación en Centroamérica se ha mantenido igual, tenemos los mismos problemas de inseguridad y de violencia, la falta de capacidad en gobernabilidad continúa y el tema laboral se mantiene; no hay trabajo para jóvenes que son miembros de carteles o maras”, señala Carl Meacham, director del Programa de las Américas del Centro para Estrategias y Estudios Internacionales.
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