“Este es el resultado de la política del Gobierno que comenzó hace un año en respuesta al flujo de menores centroamericanos y sus familias que llegaron a Estados Unidos, especialmente a Texas”, agregó.
La magistrada Dolly Gee rechazó el viernes pasado los argumentos del Gobierno federal para mantener detenidas a las familias inmigrantes centroamericanas en dos centros en Texas y ordenó que fueran dejadas en libertad.
“Estados Unidos ha trasladado la frontera méxico-estadounidense hasta la frontera de México con Guatemala”, argumentó.
Según el jurista, “bajo presión de Estados Unidos el Gobierno mexicano ya está deteniendo a los refugiados centroamericanos en el estado de Chiapas y rebajando la cantidad de refugiados que logra llegar a Estados Unidos”.
La magistrada Gee señaló que la detención de estos indocumentados viola el acuerdo jurídico “Flores” de 1997, que desde entonces ha regido el trato legal que deben tener los menores inmigrantes aprehendidos en la frontera.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que revisará la decisión de la jueza “en consulta con el Departamento de Justicia” y que responderá sobre la justificación de los centros de detención en el plazo establecido por Gee, no está claro si apelará el fallo.
Mientras, grupos proinmigrantes señalaron que se abre una importante necesidad de servicios jurídicos para estos menores en caso de que cumplido el plazo de tres meses establecido por la jueza sean liberados.
“Estamos investigando cómo buscar fondos y recursos para poder representar a estas mujeres y niños porque las personas que van a poder salir tienen posibilidades de un caso de asilo”, explicó Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).
La activista considera que todo el esfuerzo realizado hasta el momento por las organizaciones de derechos humanos para defender a los menores indocumentados considerados como casos de asilo político, puede perderse si no reciben ayuda legal una vez estén libres.
La mayoría de estos menores carece de recursos suficientes para buscar por sí mismos una asesoría legal y las organizaciones que la brindan no cuentan con los recursos suficientes para atenderlos, precisó Arévalo.
Al destacar la grave situación de violencia y de amenazas contra su vida que sufren estos jóvenes en Centroamérica, especialmente por acción de las pandillas, Holguín considera que los menores indocumentados “no tienen otra alternativa que huir de sus países, donde están viviendo una pesadilla increíble”.
“Es una vergüenza nacional e internacional el tratamiento y el maltrato a los refugiados centroamericanos”, concluyó.
Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), 68.641 menores sin acompañante, en su mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, cruzaron la frontera de Estados Unidos, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
