La primera nación en conseguir esa certificación fue Perú en 2012.
“La transparencia, a través del registro de los pagos que hacen las industrias extractivas (como la minería o el petróleo) es un pilar fundamental para la buena gobernanza”, dijo la viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM, Ivanova Ancheta.
La mejora en el clima de inversión, la reducción de los conflictos sociales, una mejor recaudación y administración de los servicios públicos y el fortalecimiento de la confianza entre el gobierno, sector privado y la población, serán los beneficios de esta certificación, destacó.
Guatemala se adhirió formalmente a la iniciativa EITI en marzo del 2011, un año después de solicitar su incorporación.
Un estudio presentado la semana pasada en Guatemala por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental Ibis señaló que el 78 por ciento de los municipios con alta concentración de licencias mineras son focos de conflictividad.
En Guatemala existen actualmente 359 licencias vigentes para la exploración y explotación minera, según el Ministerio de Energía y Minas.
Hay, siempre de acuerdo con la misma fuente, otras 601 solicitudes para la autorización de una licencia minera, tanto de exploración como de reconocimiento y explotación.
Según el estudio, la actividad minera representa el 2.13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país.
