“Esta historia detalla los intereses de un bloque político en particular que compite por el control de las Cortes y por lo que está en juego: millones de dólares de fondos públicos, que en gran parte serán desviados con fines políticos e individuales, y la posibilidad de saquearlos impunemente”, apunta Dudley.
Proceso politizado
El investigador relata que la legislación guatemalteca determinó que el proceso para elegir a las autoridades judiciales debe ser independiente de los sectores que generan influencia, por lo cual los grupos electores están formados por miembros de la comunidad académica y del gremio de abogados, así como magistrados que están por concluir sus funciones.
Esa composición de las comisiones crea un campo de negociaciones, añade el documento, cuyo original en inglés consta de 28 páginas.
“Las elecciones internas de estas universidades y de los representantes del Cang (Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala) parecen campañas políticas con anuncios, camisetas, pancartas, mítines públicos y fiestas, y reuniones privadas”, refiere Dudley.
Oficialistas
El documento señala como “oficialistas” a los comisionados con vínculos en el Gobierno, en este caso el Partido Patriota. Este grupo de personas se encargan de mantener los intereses de los gobernantes, añade.
El investigador también refiere que existe conexión entre ese grupo de miembros de los órganos electores y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), considerado en el informe como una de las instituciones estatales más grandes del país.
“Debido a que el IGSS maneja un presupuesto tan grande y es el responsable de la adjudicación de tantos contratos lucrativos, ha conseguido una influencia política que va más allá del proceso de selección de los jueces”, se asegura en la investigación.
Estado mafioso
Las llamadas “cuotas de poder” y la fusión de estructuras del crimen organizado con grupos de políticos hacen que la función del Estado no sea la que determina la legislación.
“Estas cuotas son numerosas y dinámicas, se negocian cuando el Estado firma un contrato público para construir una carretera, cuando el IGSS compra medicina”, ejemplifica Dudley.
Señalamientos
Funcionarios son mencionados en el informe de Steven Dudley.
El presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, es calificado como actor clave en la postulación en el sector justicia, al igual que Roberto López Villatoro.
Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, también figura en el informe, donde se le señala como un funcionario que se conduce por el uso de “cuotas de poder”.
Otro ejemplo del aprovechamiento de las “cuotas de poder”, citado por Dudley, es el diputado Baudilio Hichos, de la bancada de Libertad Democrática Renovada, que logró colocar a nueve miembros de su familia en cargos públicos.
Los militares en cargos públicos también son destacados en el informe. El investigador cita al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, entre otros.
