Ayer en la tarde, el abogado Alfonso Carrillo presentó una impugnación en la postuladora para la CSJ, la cual deberá ser resuelta por esa comisión y para ello la legislación establece un plazo de 72 horas.
La Ley de Comisiones de Postulación establece que después de publicada la nómina en el Diario de Centro América —lo cual sucedió el martes— empiezan a correr las 72 horas para que se presenten las impugnaciones, y de ahí, el mismo plazo para resolverlas, por lo que en total son seis días.
El diputado Carlos López, jefe de la bancada de Todos, dijo en el pleno que el período comenzó desde el momento en que la nómina fue entregada al Legislativo, el pasado lunes, y venció ayer, a las 15.24 horas, por lo cual llevaron a cabo la elección.
Es ilegal y nula
Según Mario Fuentes Destarac, experto constitucionalista, al no cumplir con los plazos establecidos, el Congreso incurrió en ilegalidad porque la postuladora debe resolver primero las impugnaciones.
“Imagínese que todavía hay un proceso que se debe agotar antes de la elección, porque supóngase que se declare con lugar, entonces la nómina automáticamente quedaría en una situación de que tiene que ser revisada, ¿y cómo se va a elegir de una nómina que tiene que ser revisada?”, afirmó.
También indicó que hay vicio de procedimiento por incumplimiento de lo que estipula la Ley.
“Al haber impugnaciones, estas tienen que ser resueltas y se tiene que cumplir con el plazo que dice la Ley de Comisiones de Postulación, porque de lo contrario hay un vicio de procedimiento”, aseveró Fuentes Destarac.
A criterio de Alejandro Balsells, experto constitucionalista, la votación de ayer es ilegal. “El Congreso se adelantó porque votó con un listado preliminar, pues el tiempo de impugnaciones no había concluido, lo cual hace que la elección sea nula”.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, coincidió con Balsells en que la elección de magistrados para la CSJ tendría que haberse celebrado al vencer el plazo de impugnaciones.
De haber una orden de un órgano jurisdiccional, los legisladores deberán repetir la votación, afirmó.
Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), explicó que la dificultad que eventualmente pudiera existir es que la postuladora declarara con lugar la impugnación y derivado de ello se modificara la lista de los 26, lo cual conllevaría una complicación de tipo legal.
“Podría haber ese riesgo de una complicación legal, debido a que no se resolvió la impugnación tal y como lo establece la Ley”, expresó Alarcón.
Se cumplió
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, aseguró que la sesión se levantó hasta pasadas las 16 horas, porque “hay una situación que indica que debe esperarse hasta 72 horas para que no existan impugnaciones, y no existían, de tal manera que por eso el Congreso esperó hasta este momento”.
Cuando se le cuestionó sobre la impugnación presentada por Carrillo, Crespo dijo: “El Congreso no tiene ninguna impugnación oficial; nosotros hicimos nuestro trabajo y cumplimos con la Ley”.
Sobre la votación electrónica, el presidente del Congreso afirmó: “En el Legislativo ya no se vota a mano alzada, ni a viva voz, se vota por ley, de manera electrónica, esa es una votación nominal. No hay ley que nos obligue a hacer lo contrario”.
Sin embargo, existe una sentencia dentro del proceso de elección llevado a cabo en el 2009, en la cual la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso que la votación debía ser pública y nominal.
El orden para la integración de la CSJ es que en una primera reunión los magistrados electos designan quién será el primer presidente. Ya en funciones, cuando el presidente se ausenta, el vocal uno es quien lo sustituye.
Dato
24 horas de este día vence el plazo para presentar impugnaciones.
SEÑALAMIENTOS
Acciona contra cinco
El abogado Alfonso Carrillo presentó ayer, a las 14 horas, una impugnación al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los argumentos de Carrillo es que Vladimir Aguilar no acreditó haber sido magistrado de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años o más.
También indica que Douglas Charchal fue denunciado por el Directorio del Registro Nacional de las Personas, por abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
Mientras tanto, contra José Baquiax señala que es juez de Sentencia y por lo tanto no ha ejercido como abogado.
Contra Brenda Quiñónez y Ana María Rodríguez indica en la impugnación que no acreditaron haber ejercido por 10 años.
Otro de los aspectos es que la comisión “no investigó actos de vida de los aspirantes”, tampoco hizo entrevistas y no verificó por sí misma lo declarado por los candidatos. “Los comisionados no discutieron y expresaron razones por las que votaron”, dijo.
