Javier Zepeda, de la Cámara de Industria y un exalto funcionario del Ministerio Público, confirman que fue García Noriega quien hizo el análisis de algunos candidatos a la Fiscalía General en la recién pasada elección. Los resultados fueron conocidos y discutidos por una parte de la cúpula empresarial.
“García Noriega es un operador que goza de la confianza de cierto sector empresarial que le da la representatividad”, afirmó también Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
Al sector privado le interesa particularmente el control de la Cámara Civil en la Corte Suprema Justicia (CSJ), que controla los fallos de las salas de Apelaciones Mercantiles y Laborales, indicó Ibarra. Por aparte, Zepeda admitió que ayer se reunió con el presidente de la Cámara de Industria para conocer un “análisis interno” de los procesos de postulación.
“Se está dando seguimiento alrededor de las comisiones de postulación”, dijo Zepeda.
“Esperamos que se elija gente que sepa cumplir con la Constitución. El tema es estar a la espera de cómo se desenvuelve el proceso. Estaremos vigilantes de que sea claro y sin ningún tipo de injerencias”, expuso.
Durante los dos últimos períodos de la CSJ ha existido una división marcada entre el grupo de “los siete”, a quienes se ha vinculado al gobierno de turno, y el de “los seis” con la iniciativa privada.
Según los entrevistados, estos empresarios operan a través de los decanos de ciertas universidades privadas para conseguir votaciones favorables dentro de las elecciones de magistrados de la CSJ.
Prensa Libre llamó desde las 10 hasta las 19 horas a García Noriega. En su teléfono celular, Efrén Paredes, quien dijo que es su asistente, refirió que se encontraba en una reunión y ofreció devolver la llamada, pero no lo hizo.
Niegan componendas
Las reuniones de cinco decanos de universidades privadas trascendieron la semana pasada, después de que un alto funcionario de gobierno, otro decano y un exasesor de la Fiscalía General coincidieron en que los comisionados de las universidades privadas se citan en un restaurante de comida española en la zona 1.
Los decanos de las universidades San Pablo, Mario Archila; Milton Argueta, de la Francisco Marroquín; Rolando Escobar Menaldo, de la Rafael Landívar; Rubén Calderón, de la Mesoamericana, y Otto González, de la Mariano Gálvez —con quien no fue posible comunicarse— son los comisionados que forman el grupo. Todos admiten que se encuentran para almorzar o refaccionar en el céntrico restaurante. Sin embargo, sostienen que no asiste nadie más.
Al ser consultados, estos decanos, que generalmente votan en línea en la comisión, también negaron cualquier injerencia de los fiduciarios de las universidades en el proceso de postulación.
No obstante, uno de ellos indica que otro de sus colegas, Avidán Ortiz, de la Universidad de San Carlos, fue visto con un alto funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, “no el secretario”, aclara la fuente. Ortiz no respondió las llamadas.
Archila contó que por falta de tiempo citó a uno de sus clientes en el mismo restaurante donde fue visto porque ese día no pudo viajar hasta la zona 10, donde tenían previsto verse.
Nueva impugnación
El abogado Alfonso Carrillo presentó una nueva acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria a los abogados interesados en participar en la selección de profesionales para integrar la nómina de 26 candidatos a la CSJ publicada el 21 de julio del 2014. Además de pedir en otro expediente su remoción.
La Constitución en sus artículos 113, 207 y 216, establece que para optar a magistrados de la CSJ no se debe atender más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, honradez, de reconocida honorabilidad y experiencia, según la la acción presentada por Carrillo.
Las comisiones están obligadas a verificar su cumplimiento de manera objetiva, razonada, pública, individual, investigar, entrevistar a los candidatos y comentar, discutir y decidir a viva voz sobre las razones por las cuales cada aspirante cumple con los requisitos que a la Constitución le interesan. Para Carrillo este principio se está violentando.
“La convocatoria debió requerir a los aspirantes prueba sobre sus méritos de capacidad, idoneidad, honradez, honorabilidad y experiencia, pero solamente exige la presentación de documentos que no corresponden al mandato constitucional y no exige la prueba de dichos mérito”, indica el documento.
En tanto, el Juzgado Decimoquinto de Instancia Civil aún no ha recibido las cédulas de notificación de otro amparo promovido por Carrillo, que tiene un fin similar.
Cuando la judicatura tenga las cédulas de notificación entregadas a la postuladora y al abogado, comenzará a correr el plazo de 48 horas para que la comisión envíe un informe en que se indique cuáles han sido las decisiones que el ente elector ha tomado durante el proceso.
Entrevistas a fondo
Ibarra expuso que en el caso de la CSJ deberían hacerse entrevistas a profundidad, y respecto de la de Apelaciones, la entrevista no es viable por la cantidad de candidatos, pero las comisiones de postulación deben crear procedimientos que les permitan hacer otro tipo de examen.
Para los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones se podría utilizar un cuestionario en que no se requiera estar ante los comisionados por 30 o 40 minutos, ejemplificó Ibarra.
El pleno analizará hoy las inconstitucionalidades presentadas el fin de semana, dijo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina.
Perfil
Marco Augusto García Noriega
En el 2011, Marco Augusto García Noriega asumió como presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en sustitución del empresario exportador Carlos Amador.
Abogado y mediador
Abogado de profesión, es conocido como conciliador en las mesas de crisis que suelen entablarse entre gobiernos y sector privado.
Estuvo al frente del sector privado organizado durante los gobiernos de Vinicio Cerezo, Alfonso Portillo y Óscar Berger.
También ha presidido el Consejo de la Asociación de Azucareros de Guatemala y fue vicepresidente del consejo de administración del Banco Reformador.
El expresidente del Cacif defendió que el sector privado del país no estuvo involucrado en el proceso que llevó al expresidente Alfonso Portillo Cabrera a su extradición a los Estados Unidos, en donde fue condenado este año por lavado de dinero.
Durante el gobierno de Álvaro Colom, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Luis Archila, Gabriel Medrano y Gabriel Gómez llegaron por un acuerdo entre el sector privado y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
García Noriega era entonces el operador en el tema de las comisiones, recuerda el diputado de la UNE Orlando Blanco.
Durante la actual administración, de acuerdo con funcionarios consultados, García Noriega ha participado en discusiones de la reforma fiscal, minería y ha representado un papel fundamental en los acercamientos entre el Cacif y el Gobierno.
Los abogados entrevistados coinciden en que García Noriega no tiene toda la venia del sector empresarial, pero sí actúa con la aprobación de la cúpulas empresarial. Su papel fue destacado en el análisis de candidatos a fiscal general en el proceso anterior.
Postuladoras
Cicig muestra preocupación
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, manifestó ayer su preocupación por la manera en que se desarrolla el proceso de postulación para elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones.
Agregó que la tabla de gradación aprobada por las postuladoras apunta a privilegiar antigüedad y no experiencia, y que se carece de instrumentos para elegir a los profesionales más idóneos para magistrados.
Velásquez se reunió ayer con representantes de organizaciones sociales para tratar el tema de las comisiones de postulación.
También enfatizó que las postuladoras son un problema del país. Por lo tanto, “debe ser solucionado por los guatemaltecos, y en esa medida la participación nuestra es de acompañamiento, de facilitación y de contribución. Pero es la sociedad guatemalteca la que debe interesarse por la manera en que sean conformadas sus altas cortes”, expresó el jefe de la Cicig.
Quieren excluir a jueces
El Centro para la Defensa de la Constitución emitió un campo pagado según el cual solo califican para ser electos los magistrados de la Corte de Apelaciones o abogados que han ejercido 10 años. A continuación, candidatos que podrían ser excluidos.
Jisela Reinoso Trujillo, jueza cuarta de Instancia Penal.
Oly González Donis de Ochoa, jueza del Tribunal Octavo de Sentencia.
César Amézquita, juez del Tribunal Tercero de Sentencia.
Ana María Rodríguez Cortez, jueza de Femicidio.
Carol Flores Polanco, jueza primera de Mayor Riesgo A.
Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B.
Carlos Roberto Mota de Paz, juez de turno.
Verónica del Rosario Galicia Marroquín, de Instancia Penal.
Alba Leticia Alvizuris Torres, jueza de Femicidio.
Sara Griselda Yoc Yoc, jueza de Mayor Riesgo.
Silvia Violeta de León Santos, jueza sexta de Instancia.
Jorge Aparicio Almengor Velásquez, juez de Instancia de Mixco.
Irma Janethe Valdés Rodas, jueza de Mayor Riesgo.
Adrián Rolando Rodríguez Arana, juez séptimo.
Dina Josefina Ochoa Escribá, jueza de Femicidio.
Julio Jerónimo Xitumul, juez de Tribunal Tercero Penal.
Silvia Roxana Morales Alvarado, jueza novena.
Carlos Antonio Aguilar, juez segundo de Instancia Penal.
218 Candidatos se presentaron a la elección de la Corte Suprema de Justicia.
1,027 Aspirantes compiten para magistrados de salas de Apelaciones.
