Nadie persigue crímenes de guerrilla

En cada proceso eleccionario, cuando los golpes bajos se hacen más fuertes entre los partidos políticos, el espectro del conflicto armado sube a la palestra. Esta vez no ha sido la excepción, y desde el inicio de la campaña, que lleva casi cuatro años, las acusaciones no han faltado.

Exhumación de cadáveres en la aldea Chacalté.
Exhumación de cadáveres en la aldea Chacalté.

Hace unas semanas fue capturado el general retirado Héctor Mario López Fuentes, a quien el Ministerio Público (MP) sindica de genocidio y de ser el creador del plan contrainsurgente Victoria 82, entre otros.

Cuando suceden estas capturas, el ojo inquisidor de muchos guatemaltecos vuelve su mirada a otros grupos que tuvieron parte en este conflicto. Algunos se preguntan ¿por qué nunca se escucha algo de los crímenes que cometió la guerrilla?, aunque ante tal cuestionamiento el excomandante guerrillero Ismael Soto, alias Pablo Monsanto, replica: ¿Por qué no se indagó a particulares que patrocinaron escuadrones de la muerte?

Los otros crímenes

La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), establecida por los acuerdos entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), suscritos en Oslo en junio de 1994, constató que la guerrilla perpetró 32 masacres; la mayoría, entre 1981 y 1982, mientra que las fuerzas del Estado, 594.

La misma investigación documentó 42 mil 275 víctimas, entre hombres, mujeres y niños. De ellas, 23 mil 671 corresponden a ejecuciones arbitrarias, y seis mil 159 a víctimas de desaparición forzada. Estos datos, unidos a otros estudios sobre la violencia política, calculan que el saldo de muertos y desaparecidos a causa del enfrentamiento armado llegó a más de 200 mil.

La CEH, en su informe La Memoria del Silencio, atribuye al Ejército el 94.8 por ciento de las matanzas, y a la guerrilla, el 5.11 por ciento.

Por los hechos cometidos por la guerrilla ninguna persona ha sido capturada ni tan siquiera investigada, lo cual, según el coronel retirado Mario Mérida, tiene su origen en que los acuerdos de paz fueron firmados con pseudónimos de los comandantes insurgentes, por lo cual cuestiona el carácter jurídico de estos.

Tal detalle, según Mérida, tenía un propósito, que luego se reflejó en la Ley de Reconciliación Nacional, en la cual, “la guerrilla como tal no viola los derechos humanos, solo el Estado —debido a la ausencia de nombres legales—, por lo que prácticamente no hay detalle sobre a quién perseguir, algo que ni siquiera se hizo con los secuestradores de la señora —Olga— de Novella”.

Caso paradigmático

El domingo 25 de agosto de 1996, a eso de las 10.30 horas, un grupo de individuos vestidos con uniformes de la Policía Nacional simularon un retén cerca de la parroquia Corpus Christi, en la zona 6, y detuvieron el vehículo en que se movilizaba De Novella, de 87 años, y se la llevaron en un automotor marca Lada.

La investigación del caso culminó el 19 de octubre de 1996, en un operativo en el que fueron capturados Rafael Augusto Valdizón Núñez, comandante Isaías, y Juan José Cabrera Rodas, conocido como Mincho, ambos de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa). El primero huyó a Cuba, y el segundo apareció muerto. Además, hubo otros guerrilleros involucrados.

Con nombres y apellidos

Uno de los crímenes más sonados en los albores del conflicto armado fue el cometido el 28 de agosto de 1968, a eso de las 15.05 horas, contra el embajador de Estados Unidos, Gordon Mein, en la 12 calle y Avenida de La Reforma, atribuido a Pablo Monsanto, comandante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Tal señalamiento fue refrendado hace unas semanas en un cable revelado por WikiLeaks que se refiere a la actual precandidata de la UNE, Sandra Torres, de quien la diplomacia de EE. UU. dice que causa desconfianza el círculo íntimo de la entonces Primera Dama, en el cual aparecen ex guerrilleros como Orlando Blanco y “Pablo Monsanto, estrechamente relacionado con la planificación del asesinato del embajador John Gordon Mein en 1968”.

Otro crimen de la subversión tuvo lugar en 1970, cuando el embajador de Alemania, el conde Karl von Spretti, fue asesinado. Apareció muerto de varios balazos en la cabeza, el 5 de abril, después de haber sido secuestrado el 31 de marzo. El cadáver se encontraba afuera de una choza, en el km 17, en la aldea La Lagunilla, San Pedro Ayampuc, hecho que también, se dice, cometieron las FAR, que a cambio de la libertad del diplomático exigían la liberación de 17 presos políticos y un rescate de Q750 mil.

Al respecto, Monsanto explica que siempre le han endilgado estos hechos. “Si los gringos tuvieran pruebas, hace mucho tiempo me hubieran capturado cuando he pasado por el territorio estadounidense, ya que ellos no perdonan nada”, afirma.

El cónsul general de Noruega, Norman Petersen Lind de Lange, también fue víctima de la violencia el 3 de octubre de 1985. Murió cuando la avioneta en la que se transportaba aterrizó en la pista de la finca Santa Adelaida, Santa Bárbara, Suchitepéquez, y estalló un artefacto que contenía 25 libras de explosivos.

La avioneta se identificaba con la matrícula TG-OCET, y en el suceso también perecieron Arturo García, piloto aviador; Clause Herold, ingeniero agrónomo alemán, y Erasmo Sánchez, ingeniero agrónomo costarricense.

La Orpa, que dirigía Rodrigo Asturias, alias Gaspar Ilom, ofreció disculpas al gobierno noruego, con el argumento de que, por accidente, la avioneta había activado la mina y que el atentado iba dirigido contra la familia Smith, propietaria de las fincas Panamá y Mocá Grande, cercanas al lugar del estallido, según informó Prensa Libre el 25 de octubre de 1985.

Otros sectores

Este matutino tampoco escapó a la represión guerrillera, ya que el 28 de enero de 1970, el subdirector Isidoro Zarco fue asesinado por un comando guerrillero en la zona 5, frente al Estadio Mateo Flores. A este ataque se sumó el secuestro de los periodistas Álvaro Contreras Vélez, en 1982, y Pedro Julio García, en 1983, cometidos por la guerrilla, para presionar por la difusión de manifiestos.

El empresariado también fue víctima de las balas guerrilleras. Entre los asesinatos se cuentan los de Frank Bruderer, Luis Canella y Alberto Habbie, y entre los secuestros, los de los abogados Héctor Menéndez de la Riva y Augusto de León, y el del periodista Baltasar Morales de la Cruz.

El 7 de diciembre de 1980 fue secuestrado en su residencia el gerente y presidente de la compañía Ginsa, Clifford Bevens, por miembros de la Orpa , por quien pedían Q10 millones como condición para dejarlo en libertad. El 13 de agosto de 1981, después de haber permanecido ocho meses en dominio de los terroristas, fue asesinado por su vigilante.

El fundador de varios de los grupos guerrilleros que operaron en el país, César Montes, dice que se debe enjuiciar a todos los oficiales del Ejército y guerrilleros que participaron en estas violaciones.