Agregó que esas actividades ilícitas producen cambio en el patrón de lluvia y régimen estacionario, contaminación en cuerpos de agua como el río Motagua, Lago de Izabal, Bahía de Amatique y el río Sarstún, y alto riesgo de incendios forestales.
Melini indicó que además de la deforestación indiscriminada, existe conflictividad ambiental por la construcción de proyectos industriales en áreas protegidas, que no garantizan la conservación como las mineras, plantas de gas y contratos petroleros.
Indiferencia
Melini agregó que al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) parece no importarle el cuidado del ambiente, ya que no promueve proyectos de saneamiento ni plantas de tratamiento.
Además, señaló, las industrias mineras, plantas de gas y contratos petroleros aceleran la conflictividad en una comunidad urgida de servicios básicos y que en forma irresponsable ofrecen la creación de empleos, cuando en realidad no generan mayor riqueza para los aldeanos, ya que lo único que les interesa es la extracción de recursos.
Melini expuso que el crimen organizado, la narcoactividad, el trasiego de madera y la narcoganadería causan deforestación. Afirmó que el foro fue organizado para conocer los problemas que afectan a los vecinos y obligar al Gobierno, por medio de los ministerios de Gobernación y de Defensa, a retomar la gobernabilidad en esa zona.
Aseguró que al foro fueron invitados los representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación.
Denuncias
Dirigentes comunitarios denunciaron la presencia de lanchas con motores potentes, en las que trasiegan drogas en el litoral del Atlántico.
Señalaron que han sido extorsionados por agentes de la División de Protección a la Naturaleza, que les piden Q500 a cambio de no encarcelarlos cuando los sorprenden con bultos de leña.
Además, indicaron que hay corrupción de guardarrecursos, que son contratados por distintas entidades, y a la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público, por no atender sus denuncias y favorecer solamente a terratenientes y madereros.
Líderes comunitarios exigen a las autoridades hacer cumplir las vedas, pues a ellos les prohíben la pesca de varias especies como langosta, mientras en el mercado y restaurantes de lujo distribuyen este producto sin restricción alguna.
También acusaron a la Fundación Mario Dary, coadministradora del área de Punta de Manabique, de no cumplir con su misión de proteger esas áreas. Se trató de obtener la versión de esta, pero no se logró.
El jefe de la Policía Nacional Civil, Luis Say, afirmó que se investigarán las denuncias respecto de los agentes que cobran dinero a cambio de no conducir a prisión a alguien que ha cometido un ilícito.
