Es por ello que Castro aún no ha solicitado su finiquito, uno de los requisitos indispensables para poder asumir el cargo en caso de que sea electa como magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
La contralora comenta que de los 40 aspirantes a uno de los cinco cargos titulares y cinco suplentes, 25 ya cuentan con su finiquito y 14 están en trámite.
Otro de los candidatos que tiene una denuncia penal es Francisco García Cuyún, quien el pasado viernes tenía una audiencia para desestimar la denuncia, pero continúa vigente, confirmó Segura.
“Si queremos gente proba en los cargos públicos, quienes van a dirigir un tribunal electoral, un magistrado debe contar con transparencia, debe contar con solvencia del cargo o cargos públicos que tuvo anteriormente”, concluyó la contralora.
La pasada semana la Contraloría presentó un informe en el que se dio a conocer que 22 candidatos tienen denuncias penales, sanciones económicas por informes de auditoría o se les revocó el finiquito extendido por incumplir la Ley de Probidad.
*Con información de Alex Rojas
