La polémica sobre el inmueble surgió desde que el Gobierno otorgó la concesión a la Asociación Nacional de Caficultores (Anacafé), que aportó US$175 mil, pero los vecinos se oponen porque temen que el Palacio se utilice con fines comerciales.
El Concejo local, que había mantenido silencio ante las protestas de vecinos, solicitó a la Presidencia que derogue los acuerdos que ceden el Palacio porque “alteran la paz y tranquilidad de los vecinos”. Al ministro de Cultura, Héctor Escobedo, hace la misma solicitud y sostiene que habría un cambio dañino en la vocación del inmueble.
Para las autoridades antigüeñas, hay violación a la autonomía municipal, Código Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial de Antigua.
En ese sentido el Concejo propone que se conforme un consejo de administración del Palacio de los Capitanes Generales con representación de la municipalidad, el Ministerio de Cultura, sociedad civil y el Consejo para la Protección de Antigua.
Fuentes oficiales han informado que a la fecha se han invertido Q18.4 millones para la restauración del 30 por ciento del edificio.
