Difieren en datos
De acuerdo con los listados entregados a la PDH, la Policía reporta como centros de detención los de San Felipe, Retalhuleu; Cantel, Quetzaltenango; Malacatán, San Marcos, y Santa Eulalia, Huehuetenango, pero estos no aparecen en los registros del SP como carceletas.
Presidios incluye las carceletas de Santa Cruz, Nebaj y Joyabaj, en Quiché, y la de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que no están registradas por la Policía.
El informe de la PDH refiere que no existe “ninguna justificación o sustentación legal que legitime plenamente a la PNC para tener a su cargo cárceles”.
Aún más preocupante es que los jefes de comisarías o estaciones policiales dijeron desconocer la existencia de un convenio o acuerdo entre el SP y la PNC para que las carceletas queden debidamente reguladas.
Esquivel afirmó que la coordinación no depende de convenio alguno y que está sujeta a las órdenes de las autoridades superiores de Gobernación.
Las carceletas son lugares de detención provisional, y según el artículo 6 de la Constitución de la República, las personas no deben permanecer en estas más de seis horas.
El artículo 1 de la Ley de Régimen Interior del SP establece que los centros de detención son los que funcionan y dependen de esa institución y no de la Policía.
El viceministro de Seguridad, Edi Juárez, reconoce que en las carceletas hay condenados que cumplen su sentencia “por orden de juez”.
En ese tipo de centros de detención, los reos no tienen derecho a redención de penas ni a rehabilitación, pero llegan allí porque los jueces lo ordenan, indicó Juárez.
Situación crítica
El informe de la PDH señala que las sedes policiales “se encuentran en condiciones deplorables”.
“La situación es tan dramática que no es factible que a corto o mediano plazo estas carencias y necesidades urgentes puedan ser satisfechas”, revela el documento.
Agrega que los agentes guardan sus armas sobre la cama o debajo del colchón, y el número de los que vigilan las carceletas es insuficiente.
La PDH constató que pese a lo que Édgar Camargo, director del SP, y el vocero Esquivel exponen, los detenidos siguen recibiendo alimentación de sus familiares.
“Las carceletas son los reflejos, las máximas expresiones de un sistema penitenciario fallido. Un reflejo real y crudo que prueba que no hay políticas públicas ni coordinación interinstitucional y corresponsabilidad de los jueces al enviar a los detenidos a prisiones no autorizadas”, aseguró el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León.
Debe emitir condena
El funcionamiento de carceletas amerita una condena de la magistratura de conciencia a la Policía y el Sistema Penitenciario. También existe corresponsabilidad de jueces y fiscales. “Constituyen una violación a los derechos humanos, no solamente por su existencia, sino también por la forma como son utilizadas”, dijo Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
Jueces son responsables
“En la situación de las carceletas hay responsabilidad del Organismo Judicial, porque determinar cuál es la ubicación y las condiciones dignas en las que se cumplirá la condena es tarea de los jueces. También hay responsabilidad del Congreso, que no elige a los integrantes del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”, expresó Nery Rodenas, de la Odha.
1,645 detenidos se encuentran en las carceletas de todo el país.
