El procurador General de la Nación, Larry Robles, dijo que para la conclusión dada a conocer por la PGN se integró una comisión que analizó al menos siete normativas.
“Todos concordamos en que es legal —el usufructo—. El procedimiento que utilizó la EPQ se ajusta a derecho”, dijo Robles, quien citó el artículo 124 de la Constitución para justificar la acción de la empresa portuaria.
Ese artículo establece que las empresas autónomas se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos, añadió el procurador.
Además, según el dictamen emitido por la PGN el 31 de agosto último, descarta alguna ilegalidad por parte del interventor —Allan Marroquín— quien autorizó el contrato de usufructo.
La comisión dictaminó que el acuerdo de intervención señala que el interventor tendrá todas las facultades de la junta directiva de la EPQ.
Explicación
Robles explicó que para otorgar el usufructo no se tomó en cuenta la Ley de Compras y Contrataciones del Estado porque, según el artículo 1, esta se aplica para la compra, venta y contratación de bienes y suministros que requieran los organismos del Estado, y no cuando se otorgue un contrato como el suscrito con TCQ, de capital español.
La PGN también considera que el contrato no vulnera la soberanía nacional, de acuerdo con el artículo 142 de la Carta Magna. Este indica que las aguas adyacentes constituyen una zona económica que puede ser aprovechada por las empresas ubicadas en el litoral, según la versión.
Rechazan opinión
Alejandro Balsells, presidente del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon), calificó de “triste” el dictamen emitido por la PGN.
“Es evidente que el procurador general solo está formalizando algo que ya está hecho”, criticó Balsells, y agregó que, por estar intervenida, el caso de la EPQ no puede homologarse a una situación normal.
El diputado Hugo Morán, integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso, también lamentó la opinión de la PGN, y aseguró que un dictamen de ese tipo era previsible.
“A todas luces, lo que han hecho —en la EPQ— fue poco transparente, ya que la concesión no siguió el procedimiento establecido en la Ley”, señaló Morán.
El legislador sostuvo que el contrato es ilegal, porque fue firmado por el subinterventor y porque no se siguieron los procedimientos establecidos en la Ley, ya que “se otorgó de manera arbitraria a quienes ellos eligieron a dedo”.
