En el comunicado, se menciona que con fecha 11 de agosto del 2022, la junta directiva del 48 Cantones y las Cinco Juntas, en representación del pueblo de Totonicapán, presentaron un oficio a la presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputada Shirley Rivera, en el que manifestaron su “repudio y rechazo total” a la iniciativa de ley 6076, ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.
Agregan que en el documento se argumentó que desde un inicio dicha iniciativa viola preceptos constitucionales, donde se consagran derechos fundamentales de los guatemaltecos, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros, establecidos en los artículos 33, 35. 1. 2. 3. 5. de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los 48 cantones señalan en el documento que le hicieron ver a la diputada Rivera, que exigían que se desconozca y se impruebe en definitiva la iniciativa 6076, pues de lo contrario la población tomaría medidas correspondientes.
Añaden que la presidenta del Congreso “asumió la responsabilidad por medio de un documento, escrito firmado y sellado por su persona” y se comprometió en no agendar más la iniciativa 6076 desde la instancia de Jefes de Bloques.
Recuerdan que si bien es cierto que el documento está firmado por Rivera como diputada al Congreso, “eso no la exime de la responsabilidad por el alto cargo que ostenta”, al ser presidenta del Organismo Legislativo, de conformidad a los artículos 17 y 18 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que ella ejerce la dirección, ejecución y representación de dicha entidad.
En el comunicado de este miércoles, los 48 Cantones señalan que la iniciativa 6076 para la quincuagésima sesión ordinaria del Congreso de la República de Guatemala, en el punto cuatro del orden del día y que en ella se pretende que los diputados voten para que esta se remita a la Corte de Constitucionalidad en el proyecto de decreto número de registro 6076.
Agregan que esto es un medio dilatorio con el que quieren darle curso a la iniciativa “que a todas luces es inconstitucional”, se lee en el documento.
Exigencias
Los 48 Cantones “exigen que la iniciativa 6076 no se remita a la Corte de Constitucionalidad y que en esta sesión los diputados al Congreso de la República voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas la Iniciativa 6076, es innecesario hacer incurrir en gastos y tiempo al Estado de Guatemala, al remitir una iniciativa de ley para una opinión consultiva a todas luces inconstitucional”, dice el comunicado.
Añade que los 48 Cantones sigue agotando el diálogo, pero que si sus exigencias son ignoradas por los diputados, se opondrán a “la creación de leyes que atentan contra nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución e instrumentos Internacionales”.
“Desde ya responsabilizamos a la presidenta, junta directiva y a los diputados al Congreso de la República de Guatemala, de las consecuencias de las medidas de hecho que el pueblo va a tomar en su momento, por la necedad de querer seguir dándole curso a tal aberrante iniciativa”, se lee en el escrito.
También sugieren a los diputados no poner a prueba la determinación de los pueblos de Guatemala.
La iniciativa
El martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuesta fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.
La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.
La iniciativa 6076 se encuentra actualmente en un impase administrativo ante el envío por parte de Shirley Rivera, Presidente del Organismo Legislativo, de la iniciativa hacia la dirección de asuntos jurídicos del Congreso para que dictamine sobre la petición de inconstitucionalidad planteada por parte de los 48 cantones de Totonicapán.
Rivera se comprometió a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloques y no agendarla hasta conocer el dictamen respectivo y que en el pleno se conozca el futuro de este proyecto de ley que ha causado diversas reacciones.
Los jefes de bloques acordaron discutir en el pleno si se pedirá a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre posibles inconstitucionalidades de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y será el punto cuatro de la agenda de este 17 de agosto.
