La acción de la Anam surgió porque el ente fiscalizador podría presentar denuncias penales contra 117 alcaldes y exalcaldes por  malos manejos de unos  Q850 millones. Se sabe que la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentará denuncias contra alcaldes con formulación de cargos por Q16 millones y sanciones, por Q89 millones.

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La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que amparó a la Anam, está integrada por los magistrados Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, presidente; Helio Guillermo Sánchez González, vocal primero, y Héctor Orlando González García, vocal segundo. Esta misma sala amparó provisionalmente al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para no ser cancelado,  aunque luego lo revocó la Corte de Constitucionalidad.

Los tres magistrados buscan su reelección. Contreras Valenzuela obtuvo 80 puntos y 27 votos; Sánchez González, 83 puntos y 31 votos, y González García, 73 puntos y 29 votos.

La CGC  apeló el amparo  ante la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la Constitución establece un plazo  para entregar al Congreso el informe de fiscalización al presupuesto del 2019, y  vence el 31 de mayo.

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El  ente fiscalizador emitió el acuerdo A13-2020, que aprobó la comunicación electrónica en los procesos de fiscalización y control gubernamental utilizados por los funcionarios y empleados de la Contraloría con entidades y personas sujetas a fiscalización.

El acuerdo autoriza a los auditores gubernamentales que la comunicación de resultados y/o notificaciones de hallazgos y cumplimiento del derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo se realice de forma electrónica.

Ovalle considera que este procedimiento viola el debido proceso, porque dispone que si cumplida la fecha para la entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo no existe respuesta del responsable —sujeto fiscalizado— se dará por agotada y concluida la etapa de notificación, comunicación y discusión de hallazgos.

“El acuerdo constituye la violación del derecho de defensa y debido proceso, ya que las 340 municipalidades, en este momento, están cerradas administrativamente, debido a que están atendiendo a los habitantes de sus municipios para contener la pandemia del coronavirus, como lo norma el Organismo Ejecutivo”, expuso  en el memorial.

Agregó: “Los alcaldes están llevando ayuda humanitaria, alimentos, granos básicos, productos de higiene personal, por lo que no tienen a la mano los documentos que pueden servir como pruebas de descargo y desvanecer los hallazgos”.

Mencionó que el decreto 12-2020, en el artículo 19, suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos.

“Amantes de la corrupción”

Salazar manifestó que  la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) también presentaron amparos.

“La Universidad presentó 16 amparos y otras instituciones 10; los presentan a pesar de que contestaron los hallazgos”, refiere.

El Contralor manifestó: “Las acciones no tienen congruencia, son ganas de estar desgastándonos, cuando estamos corriendo con el informe que se debe entregar al Congreso, porque aparte estamos trabajando en la parte del covid-19; deberían ser buenos guatemaltecos”.

“Son amantes de la corrupción. Eso es lo único que yo veo. En el tema de las municipalidades, van muchas denuncias, y este señor —Miguel Ovalle— defiende a los alcaldes pasados, no a los de ahorita, a los que dejaron los cargos. Él defiende 340 municipalidades, y únicamente hay 82 reelectos, los demás no tienen nada que ver, porque son nuevos”, expuso el funcionario.

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El funcionario manifestó que a su parecer los amparistas están en contra del combate de la corrupción y se oponen a la transparencia, y señaló que la PDH, que  fue amparada de forma provisional,  no quiso presentar sus hallazgos. “No sé por qué no quisieron defenderse”, expresó, y aseguró que  cuida a los trabajadores de la Contraloría y del Estado, porque si hiciera la discusión de hallazgos de manera presencial, tendría que reunir en un salón a más de cien personas por cada institución, y correrían el riesgo de contagiarse.

“No sé por qué los funcionarios no quieren utilizar plataformas electrónicas, cuando entre todos los que ya contestaron hay gente muy humilde, de fuera de la ciudad, que están en municipios lejanos, y  contestaron. Ellos quieren mantenernos con sistemas manuales, que hacen difícil la fiscalización, pero cuando lo hacemos así estamos retrocediendo. Se les está dando la oportunidad de defenderse, no se  viola el debido proceso y su derecho de defensa”, afirmó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que accionaron  contra  la mencionada normativa porque el acuerdo es de menor jerarquía que el decreto del estado de Calamidad que suspende los plazos administrativos, “para que las personas que tengan cualquier tipo de reclamación tengan el derecho de defensa”.