En su análisis, la ATAL reconoce que el proyecto de presupuesto que fue presentado por el Ejecutivo si cumplía, en general, con los estándares técnicos y jurídicos “esenciales de un presupuesto y era macroeconómicamente adecuado”, sin embargo, con las modificaciones que se le hicieron en el Congreso la propuesta perdió sustento.
Por lo anterior, ve con preocupación que, aunque no se modificó el techo presupuestario propuesto, se quitaron recursos a los ministerios de Salud, Desarrollo, Gobernación y Agricultura y se le incrementó el presupuesto al Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Universidad de San Carlos (Usac) y Renap. Sumado a eso, señala que la colocación de Bonos del Tesoro quedaría sujeta a una aprobación previa del Congreso.
“No se realizaron modificaciones al presupuesto de ingresos y tampoco varió el monto del techo presupuestario, por lo que podría pensarse que el déficit fiscal es el mismo que el enviado por el Organismo Ejecutivo. Sin embargo, dado que se eliminó el financiamiento para cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala, por un monto de Q2 mil 474 millones, los recursos que iban a servir para amortizar esa deuda se trasladarán para aumentar el presupuesto de gastos del Estado, por lo que el déficit fiscal aumentará a 2.0% del PIB (Q17 mil 155.1 millones)”.
Agrega que dicho déficit podría ser incluso mayor al incorporarse la preampliación al presupuesto hasta por los saldos pendientes de ejecutar de los Consejos Departamentales de Desarrollo.
“Si bien no se modificó el techo presupuestario, sí se realizaron reformas al presupuesto de varias instituciones, quitándole recursos a entidades que atienden a la población y sus demandas sociales y de seguridad, como son los ministerios de Salud, de Desarrollo, de Gobernación y de Agricultura, y, como contrapartida, se le incrementa el presupuesto a entidades que actualmente se encuentran en el centro del escrutinio público, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos y el Renap”, cuestiona la ATAL.
“Resulta muy preocupante que la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro quede sujeta a una aprobación previa del Congreso de la República, lo que generaría gran incertidumbre, ya que, si por cualquier razón no se llegara a aprobar lo concerniente a los Bonos del Tesoro, el presupuesto podría quedar desfinanciado”, destaca la entidad.
También destaca que se hicieron varias readecuaciones presupuestarias en algunos ministerios e instituciones por montos significativos con el fin de financiar obras y proyectos “que no se sabe si están contemplados en los planes de trabajo de los respectivos ministerios”, dado que estos no se incluyeron en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, por lo que “el uso que se dará a tales recursos puede ser cuestionable y opaco”.
“Es preocupante que en las normas del presupuesto no se cumpla con lo establecido en la legislación nacional, tal el caso de la Ley Orgánica del Presupuesto que obliga a las entidades del Estado a reintegrar los recursos no utilizados a la Tesorería Nacional, así como lo preceptuado en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala que dispone la obligación del Estado de restaurar las deficiencias netas al Banco Central” detalla la ATAL.
Detalles
“El proyecto de presupuesto -enviado por el Ejecutivo al Legislativo- se considera razonable desde el punto de vista de ingresos, déficit fiscal y techo presupuestario, por lo que sería recomendable que Congreso de la República lo apruebe sin modificar dichas variables, mejorando las normas presupuestarias que permitan una mayor efectividad y transparencia en la ejecución del mismo”, señala ATAL.
Detalla que el proyecto de Presupuesto 2024 que el Organismo Ejecutivo envió para su aprobación por parte del Congreso de la República asciende a Q124 mil 880 millones, pero de esto los gastos totales ascenderían a Q118 mil 127.3 millones, de los cuales Q95 mil 170.5 millones serían gastos corrientes y Q22 mil 956.8 millones gastos de capital; además, detalla que de forma adicional en la propuesta se contemplan Q6 mil 752.7 millones para la amortización de obligaciones.
“Como ha sido una práctica en años anteriores, en el artículo 102 del proyecto se contempla una pre-ampliación hasta por Q1 mil 500 millones para la ejecución de recursos provenientes de donaciones, préstamos externos en ejecución, la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, ingresos propios de las entidades y otros. Con ello, el presupuesto del Estado para 2024 podría alcanzar la suma de Q126 mil 380 millones, lo que equivaldría al 15% del PIB”, detalla la ATAL.
Agrega que al analizar la propuesta del Ejecutivo concluyen que, comparado con presupuestos de años anteriores, este proyecto “fue elaborado sobre bases más técnicas, especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal a largo plazo, aunque siempre adolece de serios problemas de rigidez que son más bien de carácter estructural”.
También detalla que “desde un punto de vista macroeconómico, especialmente desde la perspectiva de lograr una sostenibilidad fiscal en el largo plazo que permita cubrir las obligaciones de deuda pública sin seguir afectando el financiamiento de las políticas públicas, los rubros del presupuesto presentado apuntan a lograr un nivel de ingresos razonables, basado en una estimación conservadora, así como a alcanzar un déficit fiscal razonable, que permita el logro de dicha sostenibilidad”.
Por lo anterior ATAL considera que el techo presupuestario del proyecto de presupuesto planteado por el Ejecutivo “es también razonable”.
Refiere que “continúa dándose un aumento creciente del presupuesto destinado a funcionamiento y al servicio de la deuda, en detrimento del gasto destinado a inversión”.
“Debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, el presupuesto se ha vuelto extremadamente rígido: existe apenas flexibilidad para implementar políticas públicas e inversión por parte del Ejecutivo de solo un 15.0% del presupuesto, lo que implica que el 85.0% de los egresos ya se encuentra comprometido de antemano”, agrega.
Además, refiere que les preocupa que las transferencias a entidades públicas, como municipalidades o consejos de Desarrollo, “cuyo gasto suele estar divorciado de las políticas de Estado”, consuman más del 30% del presupuesto.
Destaca que en la separata de riesgos fiscales incluida en el proyecto de presupuesto 2024 no se incluyeron algunos riesgos que por su magnitud e incidencia “deberían estar explicitados en el referido análisis, como son los riesgos de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, así como aprobación de legislación que afecta las finanzas del Estado al generar gastos opacos o insostenibles”.
“Si bien la Ley Orgánica del Presupuesto -LOP- y la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (anual) son decretos aprobados y modificados por el mismo procedimiento, es la Constitución la que determina los temas que deben regularse en cada una de esas leyes (reserva legal)”, sugiere la ATAL.
