La Subcontraloría de la Calidad del Gasto realizó más de 3 mil hallazgos de los cuales 50 resultaron en denuncia ante el Ministerio Público (MP) y la cifra total de los supuestos fondos malversados es de Q506 millones 912 mil 848.56.
El pasado lunes 29 de mayo, se describieron ocho casos de hallazgos de la referida Subcontraloría, sin embargo, entre los informes de los hallazgos figuran otros casos que pasaron desapercibidos.
Entre los cuales se encuentran los 72 automóviles de los cuales no se conoce el paradero del Instituto de Fomento Civil (Infom), ubicación de los comedores sociales en donde no hay niveles alto de desnutrición gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y transferencias de subsidios a beneficiarios fallecidos en la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Flotilla de autos desaparecida
Las entidades del Estado requieren automóviles para sus funciones, pero en algunos casos pareciera que el mantenimiento y supervisión de estos no es prioritario.
Uno de los casos es del Infom en el que no se pudo explicar la falta de una flotilla de automóviles. Al momento que los auditores de la CGC acudieron a la entidad en agosto del 2022, 72 autos que figuraban en el inventario no fueron puestos a la vista del equipo de profesionales.
De acuerdo con el informe, la visita se realizó el 30 y 31 de agosto, pero el 29 la persona con funciones de encargado de inventarios describió un listado de los autos que no se encontraban en las instalaciones debido a que supuestamente habían sido robados.
La CGC señala que no fueron presentadas las denuncias en el MP ni documentos que prueben el robo de los bienes o la baja en el inventario. De la misma manera, no se tenía Título de Propiedad, Tarjeta de Circulación ni Tarjeta de Responsabilidad, a pesar de que el Impuesto de Circulación fue pagado por la entidad.
Los extraviados son 51 vehículos que pertenecen a la Unidad de Administración Financiera (UDAF) y los otros 21 a la unidad ejecutora del Programa de Acueductos Rurales.
La CGC estableció la responsabilidad mancomunada en Q5 millones 833 mil 974, y se interpuso una denuncia en el MP en contra de ocho personas, quienes son:
- Aida Raquel Ávila Sólis, directora administrativa; Claudia Beatriz Velásquez de Gordillo, directora administrativa
- Francisco López Mejía, encargado de inventarios en la unidad ejecutora del programa de acueductos rurales
- José Álvaro García de León, auditor jefe del Instituto de Fomento Municipal
- Luis Emilio Cano Zapet, contador del área de ingresos y egresos
- Mariano Alfredo González Gutiérrez, director administrativo
- Marvin Rogelio García, asistente administrativo financiero de la dirección administrativa con funciones de encargado de inventarios
- Pedro Raymundo Velasco, director administrativo
- Rosa María Estrada Silva de Orozco, directora administrativa
La entidad argumentó que a los vehículos que pertenecen a la Programa de Acueductos Rurales con placa oficial no se pagó el impuesto ya que por ser del Estado el monto a pagar es cero. También que de acuerdo a los trámites que solicita la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para dar de baja un auto es necesario estar solventes del impuesto de circulación.
De la misma manera, en la respuesta de los involucrados indican que la problemática con los autos persiste desde el 2021 y las acciones tomadas al respecto y los documentos respectivos fueron trasladados a los auditores de la CGC al momento de la visita. Y señalan faltan de pruebas por parte de los auditores.
Asimismo, que el título de propiedad de algunos de los vehículos no está a nombre del Infom y que debido a la antigüedad respecto al ingreso del bien a la entidad no se cuentan con actas para resolver la problemática que fue tratada de solventar desde 2020.
En otro caso similar, relacionado al poco control sobre los bienes, los auditores de la CGC sancionaron a tres personas de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por deficiencias en el control y supervisión de los bienes muebles dados en uso provisional.
La CGC señala que no se conoce que acciones se tomaron para dar cumplimiento al mantenimiento de los autos otorgados, según los informes respectivos.
Los autos son siete que fueron otorgados al Ministerio de Gobernación (Mingob), 15 al MP, siete al Ministerio de la Defensa (Mindef), 11 al Organismo Judicial (OJ), dos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 13 de la misma Senabed.
Además, que en los informes revisados tampoco se conoce cómo se procedió ante los vehículos que no fueron puestos a la vista de los supervisores de la Secretaría, entre lo que se mencionan siete del Mingob y dos de la Senabed.
De esos nueve se lee en el informe que si fueron puestos a la vista a los auditores de la CGC por lo que “los responsables de la supervisión no ejercieron un control eficiente sobre los mismos”.
Además de otros nueve autos que fueron entregados al OJ y no se encontraban en los informes de la Secretaría y otros tres que usaba la misma Senabed, pero no aparecían en los informes de supervisión.
En la contestación de la entidad se señala que se solicitó al Mingob, MP, Mindef, OJ, PGN y Senabed que fueran puestos a la vista los bienes y que el mantenimiento depende de la entidad que hace uso del automóvil.
Justifican que los técnicos hicieron informes por falta de mantenimiento y los que no fueron puestos a la vista, pero se desconoce que sucedió luego por parte de las autoridades de la Secretaría. Y sobre los autos que no aparecían como otorgados, señalan que el 29 de abril fue la visita de los profesionales de la CGC y los autos fueron dados en mayo y junio, es decir después de la auditoría.
La CGC sancionó a Pablo José Cárdenas Alvarado y Rodolfo Enrique Palma Portillo, ambos con el cargo técnico profesional IV con Q7 mil 500, además de la directora de control y registro de bienes, Evelyn Carolina Morales Ruiz, con Q25 mil.
Desde que inició el año, las entidades del Estado han destinado Q106 millones 318 mil 529 en 346 autos nuevos. Entre los ministerios que más gasto en el rubro tiene son el Mindef, el OJ, el Ministerio de Educación, Mingob, la empresa Portuaria Quetzal, el Banco de Guatemala, el Ministerio de salud y Asistencia Social, a Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Oficina nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Sanción por comedores solidarios
El ministro, Héctor Melvyn Caná Rivera, fue sancionado por la CGC con una multa de Q3 mil 193.25 por deficiente gestión en la ejecución del programa Comedor Social. En el momento donde se dieron las acciones señaladas fungía como viceministro de protección social. Además, el exministro de desarrollo social, Raúl Romero Segura por Q4 mil 375.
Junto a ellos fueron sancionadas otras cinco personas, entre ellas Lesbia Magaly Antonia Duarte Martínez, viceministra de protección social, con un monto de Q3 mil 193.25; Luisa Fernanda Calderón Aguilar, subdirectora de comedores con Q4 mil; y Carlos Miguel Torres Sique, director de prevención social con Q5 mil.
Asimismo, Julisa Mercedes Gonzáles Samayoa y Karla María Melgar Arquía, ambas encargadas de control de alimentos con Q1 mil 750 cada una. El monto total por las sanciones es de Q23 mil 261.50
De acuerdo con el informe de la CGC, de los 79 comedores que hay en funcionamiento, 46 no cumplen con los criterios necesarios para ser instalados en el área donde se encuentran.
Es decir, se requiere por ley que se encuentren en lugares donde los niveles de desnutrición sean alta o muy alta, pero en realidad están en municipios donde el nivel es medio o bajo según los datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
En el informe la Contraloría determina que los funcionarios no verificaron, coordinaron o dirigieron correctamente el programa para que los comedores estuvieran localizados conforme a la focalización geográfica necesaria.
También que se validaron los dictámenes técnicos de la ubicación, no se garantizó la prestación de servicios y no se observó que los usuarios cumplieran con los requisitos.
En el descargo, los funcionarios sancionados aclaran que para la apertura de los complejos se tomaron en cuenta otros criterios de ubicación, también establecidos en ley, como la cercanía a hospitales, a estaciones de buses guarderías, a centros educativos, el censo de talla, situación epidemiológica de desnutrición, el Índice De Vulnerabilidad A La Inseguridad Alimentaria Y Nutricional (Ivisan), proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) e índices de pobreza rural.
De acuerdo con el informe, los 46 comedores están ubicados en San Jerónimo, Baja Verapaz; El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; Guanagazapa, La Democracia, Palín y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; San Juan Sacatepéquez, Lo De Carranza y San Pedro Ayampuc, Guatemala; Malacatancillo, Huehuetenango.
Además en Los Amates, Morales, Izabal; Monjas, Jalapa; La Blanca y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos; Casillas, Chiquimulilla, Pueblo Nuevo Viñas y Taxisco, Santa Rosa; Cabañas, Gualán, Teculután y Estanzuela, Zacapa; y Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Los anteriores están categorizados con nivel medio por la Sesan, aunque en la respuesta de los sancionados se contrasta con el porcentaje de desnutrición crónica y la pobreza rural por municipio.
Entre los que poseen nivel bajo por la Sesan y cuentan con un comedor son San Antonio La Paz, Sanarate y Morazán, El Progreso; Nueva Concepción, San José, Tiquisate y San Vicente Pacaya, Escuintla; San José del Golfo, Palencia y Fraijanes, Guatemala; cabecera departamental de Huehuetenango; Puerto Barrios, Izabal; Atescatempa, Jutiapa.
También Esquipulas Palo Gordo y la cabecera departamental de San Marcos; Cuilapa, Santa Rosa; Río Hondo, San Diego, Usumatlán y la cabecera de Zacapa; y Poptún, Petén.
Pagos a beneficiarios fallecidos
En la Secretaría de Bienestar Social (SBS) la CGC detectó que en el programa de Subsidios Familiares correspondientes a adolescentes y niñez con discapacidad se realizaron transferencias bancarias a personas fallecidas, ya fueran administradores o beneficiarios. El monto asciende a Q29 mil 509.
Las transferencias sucedieron en lapsos de uno a diez meses después de la fecha de defunción registrada en el Registro Nacional de las Personas (Renap). Cuatro casos corresponden a los gestores que fallecieron y otros 26 casos en los que falleció el beneficiario.
Los montos que fueron transferidos en cada caso luego del fallecimiento de la persona varían entre Q177.42 hasta los Q4 mil 822.58.
La CGC buscaba sancionar a cuatro personas, pero después de que presentaran sus argumentos el hallazgo fue confirmado solo para Reyna Elena Lemus Cifuentes, jefa del departamento de subsidios familiares de la Dirección de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad con una sanción de Q20 mil; y a Etel Sabrina Granados Jiménez, directora de la misma unidad con Q36 mil de multa.
En los argumentos se señalaba que se siguieron los lineamientos y la capacidad instalada que consta de cuatro trabajadores sociales para ingreso de solicitudes y supervisiones y un técnico en trabajo social, quien es el único supervisor fijo.
“Es casi imposible con la capacidad instalada en este momento la realización de un monitoreo constante o de más de una supervisión al año a los más de mil 792 beneficiarios”, se lee en la respuesta de las personas señaladas.
De la misma manera, se indicó que una gran parte de las defunciones fueron inscritas hasta 58 días después por parte de los familiares o encargados.
En cuanto a cuando fallece el administrador del subsidio, no hay un procedimiento regulado en la institución, aunque en las cuentas bancarias siempre se solicita designar a un sustituto. La responsabilidad del subsidio corresponde al administrador, en caso este fallezca por consecuencia es eximido.
