El presidente del Comité Coordinador Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras, José González-Campo reconoció que esa instancia se ha reunido con el jefe de la SAT para solicitar que se agoten primero todos los procesos antes de continuar con la intervención de empresas.
“Esperamos que la Superintendencia de Administración Tributaria cumpla su función pero primero agotando todos los recursos legales administrativos”, manifestó González-Campo.
“Hay que agotar primero todas las opciones de diálogo”, explicó el representante del sector privado.
González-Campo detalló que se hizo ver a la SAT la importancia de que las instituciones cumplan con su función. “pero que esta no debe ser discrecional” y quienes son sujetos de investigación“ deben sentir que tienen el derecho de defenderse”.
Desde mayo a la fecha han sido intervenidas diez empresas, investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público.
El intendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, dijo que, en efecto, han sostenido reuniones con los empresarios y discutieron las acciones penales. Entre los grupos que han acudido a la SAT están Cacif y Fundesa
“La medida –de la intervención– es perfectamente legal, que no haya sido utilizada tan seguido es decisión de las administraciones anteriores”, afirmó Solórzano Foppa.
“Vamos a hacer un uso limitado de la vía penal”, la intervención será utilizada como la última razón, antes de una acción penal.
Foppa aclaró que la decisión de intervenir o no una empresa dependerá de las investigaciones penales que haga el Ministerio Público. “Los empresarios han hecho varias solicitudes”, confirmó.
Opiniones diversas
La SAT busca la vía penal para obligar a que los contribuyentes paguen mediante la intervención, de acuerdo con Miller Estrado, abogado experto en derecho tributario en el marco del foro Intervención a los contribuyentes en la SAT, celebrado esta mañana.
A criterio de Estrada la medida de la intervención a las empresas produjo una “recaudación extraordinaria” pero ha sido una “medida de presión” para obligar a los empresarios a pagar sus adeudos.
De acuerdo con el asesor fiscal Marco Monterroso lo recomendable es que el contribuyente se acerque a la SAT para conocer su situación fiscal.
“Ellos (los empresarios) saben quienes son y cuáles son sus obligaciones”, concluyó Foppa.
