Durante el 2016, varios representantes departamentales del gobernante fueron denunciados o señalados públicamente por la sociedad civil local.
Uno de los casos más sonados es el de la gobernadora de Petén, Xiomara Blanco, quien, a pesar de que ella dice contar con las cualidades necesarias, fue criticada por haber sido estilista y colaboradora de campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
La de Alta Verapaz, Estela Ventura, pasó de víctima a ser cuestionada por retirar cargos contra diputados que son investigados por varios delitos cometidos durante una citación en la que la habrían presionado.
Claudia Ávila, gobernadora de Quetzaltenango, es investigada por el Ministerio Público, por supuestamente haber incidido en un problema laboral en el Segundo Registro de la Propiedad, lugar donde trabaja su padre.
Triunfo ciudadano
La sociedad civil es la gran ganadora con el hecho de que la Corte de Constitucionalidad (CC) haya suspendido provisionalmente el nombramiento de seis gobernadores departamentales, coinciden analistas, debido a que supone que la ciudadanía está más pendiente de que se le tome en cuenta.
Si hay un ganador, se entiende que también hay un perdedor y, de acuerdo con expertos, es el presidente Jimmy Morales, quien los juramentó.
“Lo lamentable de esta situación es que viene a sumar a las batallas perdidas del presidente Morales, lo cual afecta su credibilidad y su ya alicaído liderazgo”, afirmó Edy Cifuentes, experto en poder local.
Muchos fueron suspendidos por la CC; otros no tienen la confianza de la sociedad civil y son el nuevo dolor de cabeza del presidente.
La CC otorgó amparos provisionales a varias organizaciones civiles y a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los cuales fueron presentados con el argumento de que los representantes gubernamentales no tienen honorabilidad ni llenan el perfil. También piden incluir a propuestos por Codedes.
“Lo valioso de todo esto es que se restituye y se pone en contexto el rol de la sociedad civil representada en los Consejos Departamentales de Desarrollo, misma que había sido invisibilizada e instrumentalizada por el caciquismo político”, dijo Cifuentes.
El vicepresidente Jafeth Cabrera calificó el tema de “delicado”.
“La Constitución le permite al presidente nombrar a los gobernadores. Sin embargo, existe un reglamento de los Consejos de Desarrollo en donde piden que se hagan unas ternas, y esto ha creado un cisma jurídico, pero la Constitución sí le permite al presidente”, expuso.
Alienta que ciudadanía esté alerta
“Es evidente que para el caso de Guatemala la figura del gobernador es nominal y no posee participación real al interior del servicio público. De hecho, los gobernadores deben reproducir las funciones presidenciales, pero a nivel departamental, y no lo hacen”, opinó Manuel Villacorta, doctor en Sociología Política.
Según el experto, los representantes del mandatario no articulan mecanismos de comunicación y atención con las organizaciones de la sociedad civil existentes en los departamentos, lo que evidencia que los nombramientos que el presidente realiza responden a “compromisos preelectorales o por favoritismos personales”.
Villacorta coincidió con Cifuentes en cuanto a que la sociedad civil está más activa en el área de fiscalización ciudadana, exige transparencia y por eso ha accionado en contra de algunos nombramientos.
“El hecho de que la CC haya determinado que los gobernadores nombrados por el presidente no cumplen con los requisitos legales correspondientes, amparándose en las denuncias ciudadanas, es alentador, porque los mecanismos de control en el área del servicio público están funcionando”, resaltó Villacorta.
