El mayor tribunal jurídico decidió en el pleno de este lunes conceder, de forma provisional, el amparo solicitado el pasado fin de semana por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que pedía impedir que se restrinjan estas manifestaciones.

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Estas acciones, añadió el ombudsman, “pudieran atribuirse” al presidente, o al Ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, o el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, por lo que pidió que tampoco se use la fuerza pública en contra de los manifestantes ni “medios de grabación de los ciudadanos”, los cuales “pudieran ser utilizados para generar represalias en su contra”.

Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestar desde el lunes hasta el miércoles en contra de la cruzada contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que mantiene Morales.

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El presidente guatemalteco ha sido señalado por la Comisión, que es un ente auspiciado por la ONU, y el Ministerio Público de posible financiación electoral ilícita.

El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. 

La PDH aclaró que el ejercicio del derecho a manifestación debe realizarse, pero sin afectar los servicios básicos, como el paso de ambulancias y la libre locomoción, es decir, llamó a evitar los bloqueos.

Las marchas 

Varios grupos anunciaron que, a partir del lunes, habrá bloqueos de carreteras en la provincia y manifestaciones en la capital, para rechazar las medidas que adoptó el presidente Morales de no permitir el ingreso del jefe de la Cicig al país.

El lunes fueron bloqueados tres puntos de la carretera Interamericana: el kilómetro 111, Las Trampas, Chichicastenango; el 127, Los Encuentros, Sololá; y el 131, La Cuchilla, Sololá.

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Este martes será el turno de los 48 cantones de Totonicapán, quienes anunciaron que bloquearán cinco puntos de la carretera Interamericana: kilómetro 187, en el lugar conocido como Cuatro Caminos, Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán; kilómetro 170, en el la Cumbre de Alaska, 60 Vueltas, Totonicapán, y La Morería.

Para el miércoles se prevé una manifestación más grande, debido a que tres organizaciones campesinas e indígenas convergerán en el Congreso, siempre para exigir la renuncia de Morales y que los diputados no aprueben el transfuguismo.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) manifestarán para solicitar la renuncia del mandatario.

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