El Comisionado señaló la existencia de redes político-económicas-ilícitas (RPEI) que han sido señaladas por la CICIG, pero que no son los únicos: “porque si examinamos los 338 municipios en cada uno podríamos encontrar redes político económicas ilícitas”. 

1. Corrupción entorno a obra pública

La corrupción en la contratación de obra pública opera en todos los niveles y abarca desde empresas transnacionales que pagan sobornos a diputados y otros funcionarios para la asignación de proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes y/o diputados que mediante la manipulación del sistema de consejos de desarrollo y otros mecanismos de inversión pública se adjudican obras que, en muchos casos, están sobrevaluadas, no se realizan, o si se construyen no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Entre los constructores cuya participación como financistas de campañas electorales ha sido documentada puede citarse el caso de Gregorio Valdez O’Connell, propietario de diversas empresas proveedoras del Estado y que, «informalmente» y a través de Gustavo Alejos, apoyó financiera y logísticamente la campaña de Álvaro Colom

De acuerdo con la información analizada, los tipos de financiamiento político ilícito que pueden encontrarse en torno a la obra pública son:

• Constructores aglutinados en asociaciones influyen a través del financiamiento político y sobornos en posiciones estratégicas en el CIV y/o en el Congreso, lo que les permite incidir en la adjudicación de nuevas obras y/o en el mantenimiento de la red vial.
• Redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y/o alcaldes que articulan redes de constructoras y oenegés a las que canalizan obras públicas permiten el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, así como el financiamiento de campañas electorales
• Estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de obras públicas.

2. Crimen organizado y política

En los últimos diez años, las estructuras del narcotráfico han cambiado rápidamente debido a la captura y extradición, así como a la muerte de la mayoría de líderes de los grandes grupos que operan en el país. Estos grupos se han dedicado sobre todo al transporte y almacenaje de la droga que pasa por el territorio nacional, y la captura y/o muerte de sus principales líderes ha provocado que las organizaciones se fraccionen en grupos aún más pequeños que controlan algunas rutas y algunos territorios. Los vínculos con la política obedecen a la necesidad de estos grupos de contar con protección política, información y libertad de acción en las zonas en que operan.

Estas relaciones se establecen con las personas —líderes políticos, candidatos, funcionarios electos— antes que con los partidos debido a la fluidez y la volatilidad electoral. Además de la búsqueda de protección, en las últimas dos décadas y en algunos lugares, las élites políticas locales y departamentales han establecido alianzas con grupos criminales para repartirse la asignación de obra pública.

Distintas formas de relación entre grupos criminales y políticos:

• Apoyo a candidatos presidenciales (generalmente de manera indirecta) con financiamiento, logística y otros recursos a cambio de acceso, información y protección.
• Financiamiento a candidatos a cargos de elección popular (diputaciones y alcaldías).
• Espacios de interrelación entre RPEI y estructuras criminales para la asignación de recursos destinados a la obra pública.
• Participación directa de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección. 

3. Medios de comunicación

Los medios de comunicación desempeñan un papel determinante en el proceso político. A esto se suma que los medios —y de manera particular, la radio y la televisión— son centrales en las campañas electorales para comunicar los mensajes y promesas de los candidatos a puestos de elección popular.
 
Debe considerarse que existen tres tendencias en desarrollo: a) una alta concentración de los medios de alcance nacional, particularmente la televisión abierta y las cadenas de radio que cubren la totalidad del país; b) una dispersión en los medios locales, departamentales y regionales; y c) el surgimiento de grupos de medios ligados a líderes políticos.
 
Pero en Guatemala, esto ha sido posible y el señor Ángel González no tiene competencia en VHF. Solo en los papeles existen el canal del Congreso, el Canal 9, y el canal 5, de la Academia de Lenguas Mayas, que tienen frecuencia asignada.
 
El caso de González es emblemático por el hecho de que las concesiones que usufructúa son el resultado de decisiones políticas. La última ampliación para el usufructo de frecuencias ocurrió en noviembre de 2012 a iniciativa del partido político LÍDER, que le posibilitó ampliar sus derechos de quince a veinte años. Esta ampliación benefició a todos los concesionarios de frecuencias radioeléctricas del Estado, incluyendo telefonía celular y canales por cable.

González es, además, propietario de una de las principales cadenas radiales del país, lo que le permite no solo influir en la construcción de las preferencias políticas, sino que todos los políticos deben llegar a entendidos con él si quieren promover sus candidaturas.

Tres tipos de relación entre los medios y la política:

• El monopolio de televisión abierta pacta con candidatos y/o líderes políticos costos especiales de publicidad, así como espacios gratuitos o créditos (incluyendo cobertura en los noticieros) con miras a mantener la concesión y la adjudicación de publicidad gubernamental. En este caso, se trata de aportes en especie que no son reportados en la contabilidad de los partidos.
• Consorcios de medios de comunicación realizan aportes en especie a partidos y candidatos a cambio de pauta oficial, posiciones en el Legislativo y adjudicación de publicidad gubernamental.
• Líderes políticos en el nivel nacional, distrital o local, constituyen redes de medios nacionales y locales que se alimentan de los recursos provenientes de la corrupción.

4. Élites empresariales y el financiamiento ilícito

En los informes presentados por los partidos políticos al TSE y que dan cuenta de los fondos recibidos, nunca o casi nunca se lee el nombre de empresas o empresarios adscritos a las principales asociaciones. Sin embargo, tanto los líderes políticos como los estudiosos del tema confirman que estos grupos tienden a financiar a los candidatos que puntean en las encuestas.

Estos grupos han mantenido influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo a cambio de este tipo de aporte que, por el simple hecho de no ser reportado y no entrar en la contabilidad formal de los partidos, constituye ya un hecho ilícito.

Tres formas de financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos:

• Empresarios individuales o grupos empresariales aportan a partidos y/o candidatos específicos por intereses, afinidad ideológica, o para granjearse alguna seguridad frente a posibles momentos de incertidumbre. Estas donaciones no son reportadas a las autoridades electorales y los compromisos derivados de este intercambio no son transparentes.
• Empresas nacionales o transnacionales «invierten» en diputados, líderes políticos y funcionarios a cambio de negocios, adjudicación de obras u otros compromisos. El dinero de los sobornos es utilizado para el enriquecimiento personal de los políticos y para las campañas electorales.
• Recaudadores/empresarios reciben aportes para campañas electorales sin reportarlos al TSE ni a la contabilidad de los partidos y, una vez en el gobierno, benefician a los financistas. En este caso, además de delitos electorales y enriquecimiento ilícito existe tráfico de influencias.

Identifican a las RPEI

El Comisionado señaló la existencia de redes político-económicas-ilícitas (RPEI) que han sido señaladas por la CICIG, pero que no son los únicos: “porque si examinamos los 338 municipios en cada uno podríamos encontrar redes político económicas ilícitas”.  

“Por ejemplo, Baudilio Hichos, los diputados Luis Chávez y Mirza Arriaga o el caso del alcalde Chinautla (Arnoldo Medrano) que tiene una red de saqueo de fondos públicos”, dijo.

Agregó que el crimen organizado también está metido y por eso se han documentado ya algunos pocos casos. Desde fuentes secundarias e investigaciones se han identificado relaciones entre grupos criminales y políticos, con apoyo a candidatos presidenciales con financiamiento indirecto a cambio de información y protección.

Citó como ejemplo que “en el gobierno de la UNE se detectó a por los menos dos grupos de financistas beneficiadas. El primero el caso de Gloria Torres, hermana de la entonces esposa del señor Colom. Además, el caso de Obdulio Solórzano Montepeque, que representa la participación de un miembro del narcotráfico en puestos políticos clave”.

Resaltó además que el narcotráfico busca diversificar sus negocios y el control parcial de la institucionalidad de seguridad y justicia. “Se ha observado que montan empresas constructoras para acceder a contratos de obra pública, lo que les permite tener estructuras de lavado de dinero”, señaló Velásquez.