El Ejecutivo expone que la reforma obedece a la solicitud de la Dirección de Transporte para que se establezcan las condiciones del funcionamiento de los servicios de transporte y la aplicación correcta de los principios económicos en materia de transporte.
Los transportistas habían presionado con bloqueos en carreteras principales en los últimos meses en contra de la implementación del prepago y del GPS en cada unidad, alegando que el costo de ambos mecanismos cuesta Q80 mil y no tienen recursos para implementarlo.
El presidente electo Otto Pérez Molina ofreció a los transportistas que pediría al gobernante Álvaro Colom que se revisara la norma o bien se comprometía a anularla al llegar al gobierno si era perjudicial para los empresarios.
