El secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez Alvarado, volvió este jueves a pedir que se promoviera un impuesto para fortalecer al sector justicia del país, ante los legisladores de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, presidida por Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Flores explicó que durante la reunión se discutió sobre el gravamen: “Esa iniciativa ya la presentó la bancada de la UNE y se hizo pública. El Ministerio Público pidió copia de la iniciativa porque quieren ayudar en el cabildeo con el Organismo Ejecutivo”.
Comisión de Finanzas buscará revivir la creación de impuesto para el sector justicia pic.twitter.com/aQVDK90Ec6
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 10, 2016
Según Flores, los Q490 millones están financiados en los Bonos del Tesoro que solicitó el Ejecutivo, sin embargo se necesitan más recursos y existen problemas también en las fuentes de financiamiento para hacer uso de los recusos.
El pasado martes la Fiscal General Thelma Aldana también advirtió que de no hacer una readecuación de fondos el MP podría dejar de operar por falta de recursos en agosto.
Aldana afirmó que Q490 millones del Presupuesto no tiene fuente de financiamiento idónea, por lo que ya solicitaron al Ministerio de Finanzas Públicas que haga readecuaciones.El problema, explicó Aldana, se originó en el Congreso cuando aprobaron el gasto.
Según la jefa del MP, de los Q490 millones afectados, Q100 millones tiene como fuente el IVA Paz; sin embargo el dinero en ese renglón no puede ser ejecutado por el Ministerio Público porque desde su creación está destinado a las comunas en forma exclusiva.
El resto, Q390 millones, tendría diversas fuentes de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecución de saldos anteriores y donaciones. “De la misma manera no es posible que sean ejecutados por el MP”, dijo la fiscal.
La propuesta
En el marco del IX Foro de Competitividad de las Américas, en noviembre del 2015, Velásquez, afirmó que es urgente implementar un ingreso extraordinario para combatir la impunidad y corrupción.
“Por eso he hablado de un ingreso extraordinario. Me atreví a plantearlo solo como una idea porque la Cicig no se va a meter en proyectos de reformas tributarias. Me atreví a hablar de un impuesto a grandes patrimonios, destinado específicamente al sector justicia”, recalcó.
