Con 119 votos a favor, diputados del Congreso de la República archivaron este martes 15 de marzo la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual, lo que generó una ola de críticas que obligaron al presidente Alejandro Giammattei a advertir que vetaría la normativa.

La Ley fue archiva mientras frente al Congreso se desarrollaban protestas por parte de grupos de la sociedad civil, quienes considerabas que esa normativa atentaba contra los derechos de muchas personas.

El pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Este martes, la Ley fue archivada mediante un acuerdo presentado por el oficialismo. La Junta Directiva no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente, lo cual generó el disgusto de la oposición.

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El martes  8 de marzo, 101 de 160 diputados aprobaron la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”.

También castigaba con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta.

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La norma aprobada había reformado el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI.

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— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 15, 2022

 “De la época medieval”

Partidos opositores y organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que la aplicación de la ley podría provocar la criminalización de los abortos espontáneos, y aumenta el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.

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Varias bancadas en el Congreso también habían solicitado a la presidencia del Congreso archivar la ley al señalar que viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y de conciencia.

“Esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval”, indicó Alma Chacón, activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

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Sin embargo, consideró que el pedido de Giammattei para engavetar la ley “no va a terminar” con la política conservadora del gobierno. “No podemos bajar la guardia”, advirtió.