Con las reducciones por obligaciones directas como el aporte a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Parlamento Centroamericano, quedan en Q805 millones para la función administrativa del Legislativo en el 2022.
El presupuesto aumentaría, respecto del 2021, para cumplir con los beneficios salariales a los que obliga el pacto colectivo, pero además se destinan más recursos para contratación de personal, por solicitud de directivos y jefes de bloques.
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Este incremento de recursos para el 2022, según expertos consultados, no es congruente con los resultados de la actual legislatura, que en los dos últimos años se ha caracterizado por su pasividad, dijeron.
Para el 2022, si se aprueba el presupuesto, se destinan Q38.6 millones para la contratación de más personal y aumento de sueldos.
“Tenemos un aumento anual que está fundamentado en el pacto colectivo. Este aumenta un 10% anual al personal permanente del Congreso de la República. Por eso, anualmente se debe tener proyectado, porque es un acuerdo que está vigente, establecido en el pacto colectivo, que solo atañe al personal que tiene por debajo del techo. Al personal que gana arriba de Q30 mil no se le puede hacer ese aumento, sino al que está debajo de ese valor”, defendió Christian Lux, director general del Congreso, ante la Comisión de Finanzas, ayer.
Pero no solo los aspectos sindicales comprometen los recursos del Congreso. Marco Tulio Reina, director financiero, señaló que también existen algunos requerimientos adicionales de los diputados.
“Estamos teniendo una programación en función de las autorizaciones que van solicitando las diferentes comisiones y bloques legislativos hacia la Junta Directiva. Entonces se va teniendo una programación de Q27.9 millones que creemos que responde a las necesidades del Congreso o a la dinámica que tiene”, señaló Reina en el mismo foro.
Favores políticos
Este aumento presupuestario no tiene justificación, opina el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, quien votó en contra del dictamen.
El parlamentario, incluso, sospecha que los montos propuestos tienen como objetivo pagar los votos que llevaron a la alianza oficialista a quedarse, por tercer año consecutivo, con la presidencia de la Junta Directiva.
“Es de las asignaciones más descaradas. Le están dando más dinero para comida de diputados, para asignación de plazas que no tienen ninguna justificación. Lo que se revela es que esto es el pago de las costas por la elección de la Junta Directiva. Hay otros aumentos para mejorar administrativamente el Congreso, pero ni están claros los proyectos”, señaló Pérez.
En tanto, el diputado Duay Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas e integrante de la bancada oficial, no opina lo mismo e incluso explicó en la reciente reunión de trabajo que no hubo ningún incremento a la propuesta de presupuesto.
Martínez criticó que la propuesta de presupuesto ya llevaba varias semanas en poder de los diputados de la Comisión y nunca se recibieron propuestas de cambio; no obstante, aseguró, para transparentar el proceso se invitó a los directores legislativos para aclarar el panorama económico del Congreso.
Luis Contreras, también integrante de la Comisión de Finanzas y miembro del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), justifica el aumento de recursos para el 2022 como una obligación que se debe cumplir.
Contreras señaló que no se le debe prestar mucha atención a este incremento porque es un compromiso legal que el Congreso está obligado a cumplir.
“Llámese aumento salarial que tienen todos los empleados del Congreso del renglón 011, caja chica de las comisiones. Esto va a pasar siempre en el Congreso. El aumento del 10% es una batalla que ganaron los empleados y que se va a tener que cumplir”, agregó.
No se justifica el aumento
El analista Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), afirmó que este congreso no merece una ampliación presupuestaria porque ha demostrado que no prioriza una agenda de desarrollo social.
Flores teme que sí exista un peligro real de que esas nuevas contrataciones, justificadas en el dictamen, obedezcan al pago de favores políticos.
“No es necesario, porque, si vemos, en temas de productividad legislativa el Congreso no ha legislado nada importante. Lamentablemente, hay un total dominio de la alianza oficialista. Esto está totalmente vinculado con ese pago de votos, no solo de la Junta Directiva, sino del propio presupuesto general”, indicó.
