Este 14 de marzo se celebra la 16 sesión plenaria en el Congreso de la República, donde diputados conocen en primera lectura una iniciativa de ley para combatir a las pandillas y los delitos de extorsiones.

Congresistas de la oposición lograron incluir la iniciativa en la agenda de este jueves, cuya ponencia se remonta al gobierno de Alejandro Giammattei.

Según la documentación presentada por el gobierno anterior, la iniciativa buscaría combatir las actividades ilícitas cometidas por grupos delincuenciales en el territorio nacional, denominadas pandillas o maras.

También se menciona el aumento del involucramiento de niños y adolescentes en este tipo de grupos delictivos, que aprovechan que estos son imputables.

Con la aprobación de la iniciativa se adicionarían al menos dos artículos al Código Penal.

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El articulado incluye penas graves por “ejecutar actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana”.

Además, contra quienes “realicen acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos”.

Las sanciones se impondrán, además, a “quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales”.

“La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa”, detalla la propuesta.

En el desarrollo de la primera lectura este jueves, se presentaron tres dictámenes que fueron incluidos, para que diputados voten por ellos.

El diputado Álvaro Arzú Escobar dijo, durante la discusión de la iniciativa, que la ley daría herramientas al gobierno para combatir la criminalidad.

“La gente se está muriendo afuera. Están poniendo bombas en los buses”, argumentó Arzú.

Además, Andrea Reyes, diputada independiente y que ganó una curul con el partido Semilla, dijo que ella y su familia han sido víctimas de las extorsiones, pero criticó la iniciativa.

“Mi voto fue en contra. De nada sirve declarar a los mareros como terroristas si siguen delinquiendo desde las cárceles. Ninguna de estas propuestas populistas sirven, porque el sistema de Justicia está colapsado y el Ministerio Público no presenta imputaciones que sirvan”, indicó.

Sesión 16 del Congreso de la República

Luego, en declaraciones a la prensa el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue consultado sobre la iniciativa de ley que se discute en el Congreso.

Según él hay dos iniciativas y que independientemente de eso su opinión es técnica.

Indicó que una nueva legislación en esta materia les obligaría a replantear el diseño institucional y tendría implicaciones prácticas.

El ministro de Gobernación mencionó que no está de acuerdo con declarar terroristas a los pandilleros debido a que se tiene que “replantear el diseño institucional” en la cartera.

Dijo que “definir o establecer un delito implica la reforma del código penal, implica, además, una serie de aspectos técnicos que en su operatividad lleva una complicación de rediseño o rediseñar institucionalmente cosas totalmente nuevas”,

Jiménez añadió que se deben de preparar investigadores y jueces para la comprensión del tema. “Personalmente la salida con mayor practicidad para nosotros es seguir trabajando con la legislación que tenemos”, indicó.

A criterio del funcionario han tenido éxito en su estrategia de seguridad y no ha requerido un estado de Excepción o una nueva legislación.

Además dijo que hay suficiente legislación que permite afrontar el problema de las extorsiones y las estructuras criminales.

“Invito al Congreso de la República a que haga una reflexión técnica, no política sobre lo que pueda implicar el calificar o introducir una nueva tipología delictiva por todos los elementos de carácter puramente logístico, practico, y gubernativo que esto implicaría. A nosotros nos complicaría la vida en términos de que estamos trabajando rebién con la legislación actual y no sabemos que significa y que implicaciones finales tiene una nueva tipificación”, argumentó Jiménez.