Varios diputados, entre ellos Emmanuel Seidner, Juan José Porras, Álvaro González Ricci, Manuel Villacorta y Pablo Duarte, se pusieron del lado de los emisores al argumentar que un límite riñe con la Constitución porque limita el libre mercado y, según ellos, generará que los emisores de tarjetas recojan alrededor de un millón de plásticos.
Ese argumento fue debatido por congresistas de las bancadas Todos, Independiente, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Líder), quienes afirmaron que la intención es proteger al usuario de cobros excesivos.
Según Álvaro Trujillo, de Líder, algunos emisores de tarjetas han llegado a cobrar hasta 70 por ciento de intereses a los tarjetahabientes, lo que calificó de “inhumano”, razón por la que cree necesario establecer un tope en los cobros.
Carlos Barreda, de la UNE, aseguró que el señalamiento de inconstitucionalidad es una falacia, pues la Carta Magna obliga a proteger los intereses de la mayoría y a defender a los consumidores y a los usuarios. “En ningún artículo dice que debe prevalecer el interés individual”, manifestó.
Finalmente, el artículo fue aprobado con el aval de 96 congresistas, 12 votaron en contra y 50 estuvieron ausentes.
Duda
La aprobación de la normativa continuó, pero sufrió una nueva interrupción cuando se llegó a los artículos 31 y 32, debido a que en ellos se ordena a la Superintendencia de Bancos (SIB) supervisar que los emisores de tarjetas cumplan con los requisitos establecidos.
Para algunos, la aprobación debía ser con 105 votos, por tratarse de una entidad autónoma, y otros opinaban que con 80 era suficiente.
Luego de varios minutos de discusión y de varias consultas telefónicas a abogados, definieron que se requería el apoyo de no más de 80 diputados.
“Ante la duda hubo consultas, pero fueron claros en informar que incluso la Ley de Bancos obliga a la SIB a supervisar, por lo que no se requería de mayoría absoluta”, explicó Trujillo.
Mientras la discusión se daba fue evidente que los opositores de la iniciativa realizaban trabajo de hormiga para convencer a sus compañeros de no aprobarla.
Los primeros en retirarse fueron los diputados de Compromiso, Renovación y Orden. Luego se pidió verificación de quórum y el tablero ya no subió de 58, por lo que la directiva suspendió la sesión.
Ronald Arango, diputado de Todos, aseguró que hoy seguirá la discusión de la normativa y se analizará si se requiere un “fondo de revisión”, para que no haya ninguna duda acerca de la normativa.
El diputado Roberto Alejos explicó que el fondo de revisión sirve para enmendar errores y se realiza antes de que la ley se discuta por redacción y aprobación final.
“Si después del análisis se define que es necesario, el jueves se tendrán que aprobar los artículos en duda con 105 votos”, detalló Alejos.
En desacuerdo
Según González Ricci, la iniciativa estaba bien hasta que se hicieron enmiendas que “impiden el libre mercado”.
Las modificaciones se trabajaron a puerta cerrada por el ponente de la ley, Luis Contreras, y los diputados Barreda, de la UNE; Trujillo, de Líder, y Ronald Arango, de Todos, quienes estuvieron acompañados de asesores legales y financieros.
Los últimos retoques a las enmiendas se realizaron horas antes de que se iniciara la sesión permanente, lo que hizo que esta se retrasara cerca de dos horas.
“No hubo consenso de las enmiendas”, reclamaron Seidner y González Ricci.
