Con 89 votos, los diputados aprobaron una moción para incluir el tema en agenda y horas después se selló el decreto 4-2021 mediante 82 votos. Desde el palco los alcaldes presentes siguieron la sesión y aplaudieron el avance de cada artículo.
Las reformas provienen del proyecto 57-03, aunque en la plenaria hubo modificaciones.
Entre los primeros artículos aprobados está el que establece que por adquisiciones menores de Q2 millones quedan los gerentes o directores como autoridad administrativa superior, y en el caso de montos superiores a Q2 millones serán instancias como pleno de magistrados de TSE, CC, CSJ, junta directiva del Congreso o concejos, entre otros.
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Pero la aprobación que más revuelo causó fue la que eleva de Q90 mil a Q200 mil el monto para compras de baja cuantía y que el propio presidente Alejandro Giammattei ha dicho que no alcanza.
Lucrecia Hernández, del Movimiento Semilla, dijo que su bloque votó en contra. “Esta iniciativa aumenta los montos para las compras directas de Q90 mil a Q200 mil. El problema es que hay más facilidad para acuerdos entre comprador y vendedor, donde no hay ofertas ni bases ni competencia. Se abren oportunidades de mayor corrupción. Aumentar el monto no resuelve los problemas de ejecución presupuestaria sino solo las oportunidades para los corruptos”.
Allan Rodríguez, presidente del Congreso, expresó: “Se ha logrado lo que se ha deseado desde hace mucho tiempo. Ha habido una lucha de alcaldes de la mano con diputados. Quiero reconocer el apoyo de la bancada oficial cumpliendo con una promesa que el presidente Alejandro Giammattei realizaba en campaña, poder apoyar y fortalecer los gobiernos municipales”. Más adelante criticó a la oposición: “Que quede evidencia de quiénes están cumpliendo, quienes vienen a trabajar y quiénes estuvieron hoy para decir presente porque cuando son discursos, cualquiera se apunta, pero al momento de actuar pocos están presentes”.
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Sofia Hernandez, primera vicepresidenta, sostuvo: “Queremos pedir a los 340 alcaldes que siempre vamos a apoyar las iniciativas que se vean reflejadas en la población, pero deben apegarse a ley para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos”. Al mismo tiempo animó a los ediles a usar los cambios legales para combatir la desnutrición y llevar agua y saneamiento.
Otto Callejas, de Todos, dijo que votó a favor porque los montos de Q90 mil ya son insuficientes para las necesidades de los municipios. “No se puede reparar una bomba de agua con Q90 mil. Queremos reconocer la labor de los alcaldes. Ellos han hecho frente a la calamidad y merecen las herramientas para administrar sus municipios.
Víctor Guerra, de UNE, expresó que su facción votó a favor porque habrá una mejora en la administración municipal.
Karla Martínez, de UCN, dijo que los diputados que recorren comunidades han visto la necesidad de la población y el trabajo de los alcaldes en beneficio de la población.
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Aníbal Rojas, de Viva, señaló que los cambios legales no benefician a los alcaldes sino a la población, pero los alcaldes no deben verlos “como un cheque en blanco” sino una gestión más efectiva.
Sonia Gutiérrez, de Winaq, dijo que su voto fue en contra porque si bien hay crisis y hay necesidad de proyectos, “el pueblo exige transparencia, no más opacidad y lastimosamente estas reformas no vienen a resolver la gestión municipal”. Y agregó: “La ley que se reformó hoy da flexibilidad y discrecionalidad. El pueblo está cansado de eso”.
Reacciones
Acción Ciudadana consideró que las reformas “dejan obsoleto el precario sistema de contrataciones guatemalteco, privilegian las negociaciones oscuras del Pacto de corruptos por sobre la transparencia”. Manfredo Marroquín, presidente de esa organización, dijo en Twitter: “Congreso elimina prohibiciones para contratistas del Estado que hayan financiado a partidos políticos o personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, liberando la participación de estos en procesos electorales. Hoy hay fiesta para los caleteros!”.
Una facción de la UNE que no votó por las reformas expuso que no se fortalece la transparencia ni agiliza o permiten compras con precios competitivos sino que fomentan la opacidad, ineficiencia, inefectividad, favoritismo, sobrecostos y corrupción.
En particular criticó el hecho de que puedan ser contratistas del Estado personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, como defraudación tributaria, contrabando y defraudación aduanera.
