“En este momento se está en el proceso de correr audiencias. En esa etapa no participo yo, por la independencia de los auditores. Seguramente ya le notificaron a la junta directiva anterior, pero no podemos adelantar ninguna información porque no sabemos cuáles son las pruebas de descargo que se vayan a presentar”, refirió Mencos a Prensa Libre.

Lo que se investiga son los contratos del renglón 022 que tenían los diputados, ya que a través del artículo 154 bis de la Ley Orgánica del Congreso se autorizan tres empleados por congresista, pero algunos de ellos tenían hasta 15 a su disposición.

Entre los legisladores que posiblemente se excedieron en personal se encuentran Christian Boussinot, Juan Alcázar, Manuel García Chutá, Selvin García, César Fajardo y Carlos López.

Los tres primeros aseguraron que no han recibido ninguna notificación de la CGC, aunque el segundo dijo haber escuchado de la investigación y que aparecía como uno de los señalados. No fue posible localizar al resto de señalados.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, informó que la investigación de la CGC “es un problema de la junta directiva anterior”. “Se debe a que todos, incluyéndome a mí, teníamos más personal, pero autorizado por el presidente”, explicó.

Hasta ayer por la tarde  la directiva actual no había sido notificada, y varios de sus integrantes dijeron que se le pidió a Taracena que le preguntara a Mencos sobre la investigación.

Por varias semanas, personal de la Contraloría ha efectuado diligencias en el Congreso. Incluso se elaboró una especie de censo para identificar a los empleados, y por medio de esta herramienta se solicitaron datos personales de los trabajadores y se les tomaron fotografías, para respaldar la información.

La CGC también ha requerido informes de personal al Departamento de Recursos Humanos del Congreso y ha  entrevistado a directivos y a  empleados del Jardín de Niños, de Archivo, de Atención Ciudadana, de Seguridad y de Mantenimiento. Pero esta no es la única entidad   que investiga: en varias ocasiones la fiscal general, Thelma Aldana, ha reconocido que siguen indagando sobre  plazas fantasmas en ese organismo.

Nuevos contratos

Pese a que Taracena denunció los excesos en las contrataciones, el Sindicato de Empleados del Congreso denunció que él  incrementó en Q7 mil 267 el sueldo a su asistente, Emilia Larrazábal.

Al respecto, Taracena afirmó: “No es ningún pecado. Ella es profesional. Otros presidentes han tenido muchos asistentes, yo tendré pocos pero con buen salario”.

Historia de irregularidades

• En agosto  del 2014, Prensa Libre publicó un reportaje en el que se denunciaban varias formas oscuras de contratación de personal, que han ido desde venta de plazas hasta  favores sexuales.
• En 14  años, el Congreso pasó de tener 599 empleados por contrato a dos mil 821, en el 2014, según se demostró en una investigación de Prensa Libre de agosto de ese año. Pedro Muadi fue el presidente que más incrementó la planilla del Legislativo.
• En junio  del 2015, el MP efectuó varios operativos en oficinas del Congreso, lo  que terminó con la captura de cinco empleados porque supuestamente estaban involucrados en la  la compra y venta de plazas.
• En octubre  del 2015,  Muadi fue detenido por la supuesta creación de plazas fantasmas. Actualmente, guarda prisión preventiva.
• En enero de  este año se dio a conocer que la Cicig investiga a 15 diputados por la supuesta creación de plazas fantasmas en el Congreso.

Proyectos millonarios

Al menos 20 personas se han sumado al Departamento de Comunicación del Congreso, lo cual incrementa la planilla de esa unidad a 54 empleados. Según el presidente de ese organismo, Mario Taracena, el objetivo es implementar un nuevo proyecto de televisión y de radio para proyectar al  Legislativo.

El director de Comunicación del Congreso, Daniel Salazar, explicó que el plan tendrá un costo anual de Q2.9 millones,  e incluye  funcionamiento y los salarios del personal .

Taracena explicó que el proyecto de televisión contó con el apoyo de Taiwán, que donó la antena de transmisión, mientras que Salazar explicó que el proyecto de radio tendrá apoyo de Holanda.

Según el presidente del Congreso, se va a recuperar la transmisión de televisión y podría ser a escala nacional.
Carlos Barreda, primer secretario, justificó que el año pasado el Legislativo terminó con la contratación de mil 53 personas en el renglón 022  pero a la fecha solo se ha contratado a 435.

Sindicato

Michael Vásquez, secretario general del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República, recordó que esa agrupación surgió luego de que se presentaron denuncias sobre  abusos contra  empleados del Congreso, en donde los diputados les exigían parte de su salario por haberlos contratado o incluido en la planilla permanente, que tiene beneficios como el incremento salarial anual del 10 por ciento.

Vásquez  dijo que “ven con buenos ojos” que se realicen esas investigaciones, porque ayudan a transparentar las contrataciones.

Activista

Ángel Ramírez, activista de Congreso Transparente, indicó que la investigación de la CGC es un “muy buen paso” para la correcta implementación de las recién aprobadas reformas a la Ley Orgánica del Congreso que controla la contratación de personal.

Ramírez agregó que con estas acciones la CGC sienta un precedente para que los diputados vean que ya no pueden “continuar con los abusos, en donde utilizaban el presupuesto del Congreso a su sabor y antojo; es necesario que vean que  sus actos no van a quedar impunes”.

Reformas

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), calificó de oportuna la investigación de la CGC, porque la Ley autoriza la contratación de tres personas por diputado, que son quienes lo asisten; “pero si hay más, se estaría cometiendo una irregularidad”.

La congresista afirmó que las reformas a la Ley del Servicio Civil evitarán que se den esos abusos, porque se tendrá un control más estricto sobre la planilla  y se podrá tener ubicado en dónde laboran, ya que “Recursos Humanos es decorativo,
nada más”.