Reportes del MEM confirmaban que las empresas petroleras Petrolera del Itsmo, Latin American Resources LTD, Petro Energy y Perenco tenían regalías pendientes de pagarle al Estado y fianzas de cumplimiento pendientes de presentar, con atrasos, incluso de una década.
La auditoría especial, firmada por el subcontralor del gasto, Alberto Ramírez Crispín, señala que existe “falta de pago por concepto de regalías por explotación petrolera”, por lo que los actuales funcionarios, incluido el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, “se encuentran pendientes de cumplir sus obligaciones económicas contractuales”.
Según la CGC, el Ministerio no ha realizado gestiones de forma oportuna para el cobro de regalías ni el cumplimiento de las fianzas, por lo que se estaría cometiendo incumplimiento de la ley, falta de vinculación al contrato y falta de seguimiento al reclamo de las regalías al Estado.
El MEM no ignoraba el problema. En abril último, el ministro Pimentel a solicitud de Prensa Libre, explicó que cuando asumió el cargo conoció los atrasos, pero se había entablado un juicio contencioso para el reclamo, cuando la vía que correspondía era un juicio ordinario.
“Fue hasta abril de este año que la Procuraduría General de la Nación y el MEM entendieron la vía idónea era un juicio ordinario. Habíamos planteado procesos económicos coactivos, que son más rápidos, pero nos lo rechazaron”, dijo el ministro Pimentel cuando se le cuestionó sobre la auditoría, que para ese entonces aún estaba en proceso.
El MEM para aclarar las vías del reclamo a las cuatro empresas petroleras consultó a la Procuraduría General de la Nación, que en febrero del 2020 señaló que “se advierte que no se realizó ningún tipo de procedimiento Económico Coactivo, asimismo no se realizaron acciones encaminadas a la terminación no automática de los contratos correspondientes”.
La opinión de la PGN también señalaba que “la actitud pasiva (…) pudo haber causado daño al patrimonio del Estado y al Erario, por lo que deberá determinarse, por la máxima autoridad administrativa, la responsabilidad en que incurrieron los funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo”.
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Hallazgos y sanciones
La auditoría se realizó por solicitud del diputado Carlos Barreda, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ayer presentó el resultado de la auditoría, donde se imponen multas totales de Q323 mil a varios empleados y funcionarios públicos.
La CGC impuso multas al actual ministro, Alberto Pimentel y sus antecesores Luis Alfonso Chang, Érick Archila Dehesa y Carlos Meany Valerio; a los primeros dos por Q41 mil 525 y a los otros por Q31 mil 150 y Q31 mil 997, respectivamente.
Además, se impuso multas que van desde los Q29 mil 225 hasta los Q13 mil 175 a otros empleados del MEM, entre directores y asesores que habrían tenido responsabilidad en no cobrar las regalías ni las multas relacionadas con el incumplimiento de fianzas.
En total, las sanciones impuestas suman Q323 mil 505.
Para Barreda, esto no es suficiente, ya que se está afectando el erario y el patrimonio estatal, por lo que lo que corresponde es presentar las denuncias penales. Sin embargo, la CGC no lo consideró así.
