Esta normativa, que pretende liquidar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá, ha encontrado respaldo no solo en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), sino que, en el Congreso, donde la impulsó el pasado 22 de marzo la diputada del partido oficial Vamos, Shirley Rivera.
Y pese a que existe un conflicto de intereses porque un diputado ponente, Aníbal Rojas, es hermano del titular del Marn, Mario Rojas, el oficialismo ha asegurado en diversas citaciones legislativas que sí es viable modificar leyes ambientales para darle vida a un superministerio que acapararía más de Q900 millones del presupuesto del Estado, pero también obligaría a liquidar a las instituciones con sus más de dos mil trabajadores.
Sin embargo, a lo interno de las entidades hay voces disidentes que plantean un riesgo de quedarse sin empleo por la creación de este superministerio.
Para el exministro de Ambiente entre 2016 y 2018, Sidney Samuels, en lugar de integrar entes que ya tienen cierta autonomía, como por ejemplo las autoridades de lagos y cuencas, lo que están haciendo es promover desorden.
“Es mentira que al integrarse va a haber más orden, porque si apenas puede el Marn con lo que tiene, imagínese con más a su cargo”, expresó Samuels.
Agregó: “El Invisumeh sí debería de estar adscrito al Marn, no al Ministerio de Comunicaciones como hasta ahora y curiosamente esa institución no la mencionan. En mi gestión lo intentamos hacer porque consideramos que así debería ser, porque el clima debería de estar controlado por una institución relacionada con el medio ambiente”.
Para el exfuncionario “en los temas ambientales hay muchos temas y subtemas, por ejemplo, el manejo de las cuencas, que debe ser integrada por autoridades específicas, donde el Marn solo es un rector con la responsabilidad del manejo de las autoridades locales”.
“Esa integración, que le daría vida al superministerio, llevará a desórdenes y va a terminar en manejos espurios”, enfatizó.
Lo anterior lo fundamenta en que “las instituciones no están bien como están funcionando. Algunas necesitan mejorar, pero integrarlas en el Marn sería peor todavía”.
“Lo que hace falta es honestidad en las autoridades que manejan esas instituciones. El Inab, por ejemplo, tiene que tener un control mucho más estricto y honesto, porque hay descontrol con las licencias de deforestaciones. Hay un descontrol tremendo, pero hay que ordenar a la institución en sí”, explicó.
Y añadió: “Pero pasarla al Marn es burocratizarla nada más. El punto es manejar de manera honesta las instituciones. Integrarlas en un superministerio no va a resolver nada”.
Luis Ferraté, ministro de Ambiente durante el gobierno de Álvaro Colom, comentó que “lo importante es que las instituciones funcionen y sean bien coordinadas”.
“El Ministerio del Ambiente debe ser un ente que norme y dirija la política ambiental, de recursos naturales y el cambio climático, que es parte de un proceso de contaminación voluntaria porque hemos hecho pedazos el planeta y ha afectado a los sistemas comunes”, indicó.
Pero para Ferraté esto “no significa centralizar las acciones, sino crear un proceso de coordinación que es mucho más importante”.
“Para mí lo más importante es coordinar eficientemente y ser el rector y normador de las políticas y estrategias de este país. Porque si no se crea una serie de instituciones muy poderosas”, argumentó.
Ferraté opinó que su posición “es más científica, basada en la ciencia y no en la política, y por eso he tenido muchos problemas por ser científico”. El experto es de la opinión que se debe discutir con diversas personalidades, hombres de ciencia, para ayudar no solo la parte burocrática, sino la operativa ante el cambio climático que es inminente.
“No creo que esta propuesta tenga que ver con hacer más eficiente el Ministerio. No creo que ese sea el propósito. La conveniencia es algo muy nuestro. Hay que repensar finalizarlo bajo el punto de vista científico y no técnico”, puntualizó.
Ambos expertos aseguraron que se debe convocar a expertos científicos y técnicos para analizar la viabilidad de esta propuesta política.
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