Día Mundial de la Libertad de Prensa: Periodismo bajo asedio digital y violencia, según Unesco y SIP

Cada año, el 3 de mayo, es una fecha importante para el periodismo en el mundo porque brinda la oportunidad de evaluar las condiciones en que se ejerce esta profesión.

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La SIP señala serias amenazas contra la libertad de prensa en la región y Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
La SIP señala serias amenazas contra la libertad de prensa en la región y Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa diversas organizaciones están preocupadas por los hechos violentos y de persecución a que se enfrentan y han enfrentado periodistas guatemaltecos.   

Incluso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe más reciente – de medio año, entre 19 y 22 de abril – destaca el crimen del periodista Orlando Villanueva el 8 de marzo pasado en Puerto Barrios, Izabal.   

De acuerdo con la SIP el caso de Villanueva es preocupante porque “ya había presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) en contra de oficiales y empresarios de la región”.

“Villanueva publicaba en el sitio Noticias del Puerto y en Facebook los actos de corrupción de la municipalidad local. El asesinato de Villanueva es una de las consecuencias de la animadversión en contra de periodistas y medios críticos del gobierno central y de los departamentos”, redactaron en su informe. 

Hasta ahora la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha reportado 19 agresiones en marzo, entre amenazas, obstrucciones, intimidaciones por medio de redes sociales y difamaciones. 

Acoso 

La APG denuncia el funcionamiento de netcenter para atacar a periodistas, comunicadores y otras personas que denuncian casos de corrupción en las instituciones gubernamentales y municipales. 

Periodistas de diversos medios guatemaltecos, entre mujeres y hombres, cada vez que publican notas informativas sobre estos son atacados intensamente en las redes sociales. 

Pero no todo se queda en al anonimato de los netcenter. También funcionarios como el mismo presidente Alejandro Giammattei han reaccionado hepáticos a las interrogantes de los medios independientes, según lo han denunciado en reiteradas oportunidades Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ). 

Ambas entidades han asegurado que la dinámica del gobierno actual no ha variado desde que dio inicio las restricciones por la pandemia en 2020. La actitud ha sido, desde casa presidencial, callar las voces disidentes.  

Un ejemplo que incluyó la SIP en su informe es cuando el presidente Giammattei le dijo al reportero de Guatevisión, Henry Montenegro: “¿Sabe qué? Vayan a los Tribunales. ¡Dejen de mentir!” Luego de que el periodista le pidiera una declaración sobre una investigación de corrupción en que se le acusaba. 

“Existe una instrucción no escrita dirigida a ministerios, unidades descentralizadas y demás organizaciones del Estado para que no contraten pauta publicitaria en ningún medio que critique al gobierno o al presidente Giammattei”, declara la SIP. 

Pero los ataques a la prensa independiente no son exclusivos del organismo Ejecutivo, sino que se ha expandido al Judicial y el Legislativo.  

Por ejemplo, según documentó la SIP, el juez Édgar Aníbal Arteaga López, de Puerto Barrios, Izabal, ordenó la captura del periodista Carlos Choc, del medio Prensa Comunitaria, bajo acusaciones de haber participado en ataques contra policías en una manifestación contra una mina ubicada en esa zona del país. 

La nueva denuncia contra Choc surgió después que se reveló la investigación Mining Secrets, que desveló las irregularidades de la mina de Solway-CGN-Pronico en El Estor, Izabal y sus vínculos con el gobierno actual. 

El medio independiente escribió que fueron policías quienes denunciaron a Choc y a otras 11 personas por instigación a delinquir después de, supuestamente, haber sufrido golpes y lesiones el 22 de octubre de 2021 en El Estor.  

“Aquel día, un contingente de varios centenares de policías y fuerzas antimotines intentó desalojar a unas pocas docenas de pobladores que protestaban contra la operación ilegal de la mina”, revelaron.  

Y añadieron que un día después se evidenciaron vídeos de cómo cientos de antimotines y el ejército escoltaban camiones cargados de carbón para la planta procesadora de Solway.  

Otro caso que documenta el asedio a los reporteros por su labor es el del juez suplente de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, quien le prohibió el ingreso a tres periodistas a una audiencia de primera declaración en el caso “Rancho Bejuco” por una masacre de la que se responsabilizó a expatrulleros de autodefensa civil.  

“El juez adujo regulaciones por pandemia de covid-19 y advirtió con iniciar acciones legales si percibía que las publicaciones sobre la audiencia no se adecuaban a lo que resolviera o lo que él creyera que había sucedido en el proceso del juicio”, revela la SIP.   

En el municipio de Quetzaltenango se registraron agresiones contra dos periodistas del medio local Región Más, por parte de pobladores de una comunidad que está en desacuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y que ha impedido que el tren de aseo funcione desde hace más de dos meses.  

 

Nuevas leyes 

 

“El 8 de marzo el Congreso aprobó la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, iniciativa 5272. La ley criminaliza la educación sexual si ésta no coincide o es incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, según la SIP.  

Aunque la ley luego fue archivada por solicitud del presidente Giammattei, los esfuerzos para acallar a la prensa continúan con otros decretos que esperan ser aprobados.  

Por ejemplo, el proyecto 5940, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los trastornos de la Identidad de Género”, que le prohíbe a los medios de comunicación transmitir cualquier información o contenido relacionado con la identidad de género, en franca violación a lo que establece la Constitución sobre libertad de expresión. 

La SIP evidencia en su informe que una nota que publicó la periodista Sara Solórzano en Prensa Libre el pasado 4 de abril sobre “los motivos por los que operadores de justicia contemplaban abandonar el país”, fue razón para que el MP abriera una investigación MP0010-2022-67.  

“Lo sorprendente es que la fiscal auxiliar pidió a la periodista autora de la nota que revelara sus fuentes de información, infringiendo principios de protección de fuentes confidenciales”, denunció la SIP. 

Y un caso que condenó la APG fue el que ocurrió el 14 de abril pasado en Alta Verapaz. Agentes de la PNC agredieron a la periodista Lesby Esmeralda Catún Cuz, la condujeron arbitrariamente a un juzgado y consignaron su vehículo sin que le explicaran las razones.  

Catún Cuz es gerente de Re´tenamit, La Revista Impresa y Digital, de una guía comercial, y es productora y conductora del programa de televisión La Revista en Alta Verapaz.  

La agresión ocurrió luego de que la periodista preguntara a los policías por qué tomaban fotografías de ella, su vivienda y su vehículo. El relato de la periodista es que una hora antes los tres agentes habían ingresado en un prostíbulo para hacer una diligencia y por haber documentado ese hecho, y preguntarles la razón, la fotografiaron. 

Horas después la detuvieron en un retén y la hicieron que se bajara. Al cuestionarles la razón no le explicaron y le insultaron. Incluso la golpearon para engrilletarla. La llevaron a un juzgado donde la obligaron a pagar una multa de Q3 mil que no le explicaron por qué se la imponían.  

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, resaltó en su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa “que los periodistas desempeñan una función esencial al facilitar esa información, ya que analizan, investigan y difunden datos, de modo que la gente pueda tomar decisiones fundamentadas”. 

Consideró al periodismo como un bien público “que debemos defender y apoyar como tal. Sin embargo, a pesar de que las Naciones Unidas celebran ahora el décimo aniversario de su Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que la UNESCO se enorgullece de dirigir, los periodistas se enfrentan a un entorno que evoluciona con rapidez”.  

“Como se indica en nuestro último informe sobre las tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, más de cinco de cada seis personas en el mundo viven en un país donde la libertad de prensa ha disminuido en los últimos cinco años.”, considera Azoulay.  

Agregó: “Unos 400 periodistas fueron asesinados durante el mismo periodo solo por hacer su trabajo. Las tecnologías digitales están revolucionando aún más este panorama, pues han posibilitado intercambios de información sin precedentes, favoreciendo un periodismo sin fronteras. Ahora podemos ver lo que ocurre en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Pero estas oportunidades también llevan aparejados nuevos retos. La aparición de las plataformas en línea ha puesto en entredicho la viabilidad económica de los medios de comunicación independientes y pluralistas, alterando drásticamente las cadenas de valor y los modelos de negocio existentes”.   

La era digital, según la directora de la Unesco, “aumenta el riesgo de que los profesionales de los medios de comunicación y sus fuentes se conviertan en blanco y sean objeto de acoso y ataques, por ejemplo, debido a la conservación de datos, los programas espía y la vigilancia digital”.  

Y justamente, remarcó que “las expresiones de odio contra los periodistas se han disparado y han afectado especialmente a las mujeres periodistas. Nuestras investigaciones muestran que más de siete de cada diez reporteras encuestadas han sufrido violencia en línea. Y como rara vez estas tecnologías se regulan de forma transparente y están sujetas a una obligación de rendición de cuentas, los autores de la violencia actúan con impunidad, a menudo sin dejar rastro”.  

“Se debe poner fin a esta situación. Los avances tecnológicos deben basarse en el respeto de la libertad, la privacidad y la seguridad de los periodistas. Las redes sociales deben esforzarse especialmente por combatir la desinformación y el discurso de odio generalizados, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión”, escribió la directora de Unesco.