Según los datos del Legislativo, los 13 congresistas por quienes se gastan más de Q900 mil al mes en personal son Noé Maldonado, Gabriel Heredia, Sandino Reyes y Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Delia Bac y Sergio Celis, de Alianza Ciudadana; Laura Franco, del Frente de Convergencia Nacional; y Dolores Beltrán, Alejandra Carrillo y Manuel García Chutá, del Movimiento Reformador. Este último guarda prisión preventiva, sindicado de la creación de plazas fantasmas.
Es uno de los diputados nuevos en esta legislatura.
Ha presentado una iniciativa de ley en lo que va de este año.
Según los registros, tiene dos personas a su cargo: un asesor que devenga Q10 mil al mes y una secretaria que percibe Q7 mil.
Además, Patricia Sandoval, de FCN; Leonel Arévalo Canales, del Movimiento Reformador, y Jean Paul Briere, de Todos.
De los 158 diputados, nueve tienen más de seis personas a su servicio, por las cuales se erogan al mes Q660 mil 368 en salarios. Entre ellos se encuentra el primer secretario Boris España, quien, además, tiene dos personas más asignadas por el cargo que ostenta en la Directiva, a cada una de las cuales se les pagan Q2 mil al mes.
Otros 22 legisladores tienen cinco personas a su servicio, a quienes, en total, se les pagan al año Q17 millones 829 mil 660, mientras que 48 tienen entre asistentes, secretarias y asesores a cuatro trabajadores asignados.
Otros 67 diputados han optado por contratar únicamente a tres personas y solo 12 tienen entre dos y un trabajador asignados. En total, el Congreso gasta Q91 millones 471 mil 491.72 anuales en 579 asesores, asistentes y secretarias para los 158 legisladores.
Uno de sus principales logros ha sido la aprobación de una de las pocas leyes de este año, la de bienestar animal.
Tiene solo una persona a su cargo.
De acuerdo con los registros, tiene un asesor que devenga al mes Q20 mil.
La Ley Orgánica del Congreso permite que los diputados tengan esa cantidad de personal, ya que según esta norma legal, tienen derecho a la contratación, en el renglón 022 —personal temporal—, de un asesor, un asistente y una secretaria. También pueden tener hasta un cuatro personas a su cargo en el 011 —en planilla—. Esto quedó plasmado en la reforma a ese decreto aprobada el año pasado.
Para el politólogo Ricardo Barreno, el que un derecho esté en ley no significa que no se esté cometiendo un abuso. “Si se hace una evaluación rápida de la labor de los diputados quedarían en deuda con la población”, indicó.
Barreno aseguró: “El problema es que el Congreso se ha visto como un botín político para obtener beneficios personales y pagar favores. Se convirtió en un refugio político”.
Agregó: “Si se analiza la labor de los diputados que tienen esa cantidad de asesores, asistentes y secretarias, nos encontramos con que son diputados desconocidos, tienen procesos judiciales abiertos o son aquellos que carecen de credibilidad o legitimidad”.
Nineth Montenegro, legisladora de Encuentro por Guatemala (EG), recordó que esa bancada se opuso a la reforma que permitía siete empleados para los diputados. “Se hizo para justificar la cantidad de personal 011, que el año pasado se reveló que era un exceso”, manifestó.
Aunque tiene dos personas asignadas, entre ambas ganan al mes Q17 mil.
Su asesor devenga Q10 mil mensuales y su secretaria, Q7 mil.
Este año no ha presentado ninguna iniciativa de ley. Sin embargo, desde 2008 ha participado en la presentación de 18 propuestas.
Datos del Congreso reflejan que en la actualidad existen 579 trabajadores para atender a los 158 diputados, y de ellos 454 son contratados de manera temporal, pese a que la planilla de colaboradores permanentes se mantiene en mil 393.
Debido a que los nuevos empleados no pueden ganar más de los Q29 mil 150 que devenga un diputado al mes, los asesores 022 están siendo contratados por un pago mensual de Q18 mil a Q20 mil, los asistentes perciben entre Q10 mil y Q17 mil y las secretarias, Q7 mil.
En el 2012, varios empleados revelaron que tenían que entregar un porcentaje de su salario a los diputados para quienes trabajaban.
Este extremo se confirmó con el caso que se sigue contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi, quien contrató personal de seguridad que trabajaba para su empresa, pero le pagaba el Parlamento.
Sin frutos
El año pasado se hicieron varias reformas a la Ley Orgánica y a la de Servicio Civil, ambas del Congreso, en las que ahora se basan los diputados para tener a su cargo hasta siete personas.
Ha participado en la presentación de dos iniciativas de ley, una de ellas para que el país se declare amigo de Israel.
Igual que otros ocho diputados, tiene siete empleados a su cargo que ganan al año Q1 millón.
Tres asistentes 011 (Q50 mil), un asesor (Q20 mil), un asistente 022 y dos secretarias.
Una de las primeras medidas que tomó el año pasado el entonces presidente de ese organismo, Mario Taracena, fue publicar la lista de personal permanente y temporal. Luego se modificaron las leyes internas y se impulsó la destitución de varias personas, aunque no se tuvo mucho éxito.
Cuando Taracena asumió la presidencia, la planilla de personal permanente era de mil 696, y hasta el 31 de marzo de este año estaba en mil 393; es decir, una diferencia de 303 personas. La mayoría de estas se acogieron al retiro voluntario, debido a que los procesos legales para destituirlas no prosperaron; otros aún se encuentran en trámite.
En lo que sí hubo reducción fue en la contratación de personal temporal —022—, pues de mil 222 bajó a 454.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, aseguró: “Prácticamente todos los cambios fueron superficiales; el fondo no se arregló. Hay una gran discrecionalidad en la contratación de personal y tampoco hay un diagnóstico que revele en qué se está utilizando tanto personal”.
Poco asistidos
Mientras algunos diputados requieren hasta de seis personas para que los asistan, otros han optado por contratar a pocas. Según datos del Congreso, el unionista Álvaro Arzú y María Eugenia Tabush, de Visión con Valores, son los que menos trabajadores tienen a su cargo; únicamente un asesor cada uno.
En este momento está suspendido por un caso de plazas fantasmas.
Por las seis personas a su cargo se erogan Q1.1 millones al año.
Tres asistentes 011: Q56 mil al mes.
Un asesor y un asistente 022 recibe Q30 mil.
Una secretaria: Q7 mil mensuales.
Al revisar la planilla del Congreso se observó que, a pesar de que la ley lo prohíbe, varios legisladores siguen contratando a familiares. Uno de ellos es Manuel de Jesús Tambriz Quemá, asignado a su primo el diputado Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana.
Otros congresistas asignan a sus familiares a otro diputado, como Jorge Vargas Morales, quien tiene a su hermano Luis Vargas Morales bajo el mando de María Cristina Quinto García.
Procesos
Plazas fantasmas están en manos de la justicia
Al menos cinco diputados que asumieron curul enfrentan procesos judiciales por la creación de plazas fantasmas y otros más no lograron asumir o renunciaron cuando se inició el proceso.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Pedro Muadi, expresidente del Congreso, quien contrató a personal de seguridad a través del Legislativo para que trabajaran en su empresa privada; además, los empleados no recibían la totalidad de lo que devengaban en dicho organismo y el remanente supuestamente lo percibía el congresista.
Este año ha presentado una iniciativa de ley y ha impulsado privilegios a los ganaderos.
Tres asistentes 011 están a su servicio. Sus salarios al mes suman Q51 mil 568.74.
Un asesor y un asistente 022 ganan al mes, entre los dos, Q28 mil, y una secretaria, Q7 mil.
El caso que enfrenta Cristhian Boussinot es similar. El congresista es acusado de extorsión y abuso de autoridad. Según la información que presentó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el legislador se aprovechó de su cargo para contratar personal a través del Congreso, que al final laboraba para sus asuntos personales, algunos en el mantenimiento de su vivienda, ubicada en Puerto San José, y otros en un salón y helipuerto que funcionaba en su residencia, en Fraijanes.
En los casos de plazas fantasmas también están implicados los diputados César Fajardo y Manuel García Chutá, quienes fueron capturados recientemente. Mientras que Carlos López, y el expresidente del Congreso Luis Rabbé aún no aparecen ni se presentan ante la justicia, pese a son reclamados para que declaren.
También han resultado implicados en esos hechos los exdiputados Selvin García y Julio López Villatoro, quienes optaron por renunciar a su curul.
Pero no solo legisladores están siendo procesados por esos casos. Dos empleados del Congreso fueron condenados a 17 y seis años de prisión por las plazas fantasmas relacionadas con Muadi.
