Guatemala
Diputados y analistas cuestionan efectos y fiscalización de nuevas transferencias económicas
El gobierno de Bernardo Arévalo anunció bonos de Q250 y de Q1 mil para familias en situación de pobreza por el “costo de la vida”.
El presidente Bernardo Arévalo anunció que los aportes comenzarán el próximo 1 de julio. (Foto Prensa Libre: EFE).
El presidente Bernardo Arévalo anunció ayer que se destinarán Q150 millones en aportes económicos para familias de escasos recursos, con el fin de combatir la pobreza.
Ante el ofrecimiento del mandatario, diputados señalan que la medida es populista, clientelar y necesita ser fiscalizada.
En rueda de prensa, Arévalo anunció que a partir del 1 de julio familias de escasos recursos recibirán el aporte, el cual será coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Se trata de bonos de Q250 para 50 mil familias de la capital por seis meses. En el interior del país planifican un aporte único de Q1 mil para 100 mil familias.
“Con esta transferencia estaremos aliviando el costo en el que incurren en esos hogares para la adquisición de alimentos”, expuso el gobernante.
Sin embargo, no explicó cómo se elaborarán las listas de beneficiarios de ambos grupos.
La medida no fue bien recibida por algunos parlamentarios, que prevén que se politice.
Medida populista
Los primeros en pronunciarse por la medida adoptada por el Ejecutivo fueron algunos legisladores que consideran que los aportes económicos no solucionan el problema real.
“El presidente la presenta ahora como una novedad, van a terminar descubriendo Mi Familia Progresa —programa que impulsó el gobierno de Álvaro Colom—, pero sin corresponsabilidad alguna”, hizo ver la diputada Nadia de León, del bloque Nosotros.
Asimismo, cuestionó que sea el Mides el que coordine la ayuda, por su poca capacidad de ejecución.
Lucrecia Marroquín, de la bancada del Partido Unionista, estimó que la medida busca hacer quedar bien al Gobierno, pero no va a dar una solución de fondo por el incremento que se observa en productos de primera necesidad.
“Me huele a medidas populistas que se dan para tratar de enamorar a un pueblo que está desengañado con este mandato. ¿Qué hará una familia con Q250 al mes, con la crisis de inflación que este mismo gobierno está causando?”, cuestionó la diputada.
Es difícil que la emisión de aportes, a criterio de Marroquín, pueda llegar a familias con necesidades económicas.
“Cuando fiscalizamos en el 2020, vimos que el Mides ni siquiera tiene una lista de las personas que están en una situación que necesita ayuda. Ellos toman listas que presentan funcionarios, pero no siempre llega a las personas que en realidad lo necesitan”, subrayó.
Requiere vigilancia
Otros bloques creen que la medida del gobierno es oportuna, pero que también hace falta una fiscalización rigurosa.
“No hay que escupir al cielo, porque le cae en la cara. Nos damos cuenta de la actitud crítica que hubo con los programas sociales por parte del presidente cuando era diputado, pero ahora recurre a las transferencias monetarias”, expresó Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad.
El congresista, aunque comparte el plan de Arévalo, puntualiza que primero se deben crear criterios de vigilancia para evitar que el dinero llegue a personas que no lo necesitan.
“Creemos que es uno de los instrumentos que puede tener el Estado, siempre que se desarrolle con criterios técnicos y la corresponsabilidad esté garantizada, y también que se evite el clientelismo político cuando se defina la distribución”, sostuvo.
Manuel Archila, de Cabal, calificó de oportuna la medida, pero que debe ser vigilada para que no caiga en actitudes clientelares.
“Creemos que es bueno que se piense en apoyar a la gente, pero también se le debe dar acompañamiento para fiscalizar esos temas. Que no se politice, que no sean programas clientelares”, insistió.
El trabajo de fiscalización es primordial, destacó, además de que requiere de toda la vigilancia ciudadana posible.
“La fiscalización para el buen uso de los recursos no es solo tarea de los diputados, sino también de los buenos ciudadanos, de todo el pueblo de Guatemala”, enfatizó.
No es sostenible
La decisión que tomó el gobierno de Arévalo permitirá una solución inmediata, aunque sea mínima, a criterio de analistas consultados, aunque el enfoque debe centrarse en dar una respuesta más concreta.
“Cualquier monto es mejor que nada. Alguna ayuda es, pero el tema de fondo es que las personas necesitan las condiciones y oportunidades que les permitan, por sus propios medios, no depender”, manifestó Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, coincide en la decisión del gobierno fue acertada, pero resalta que es preciso establecer en qué áreas del país se necesita esa ayuda económica.
“Con métodos estadísticos, a través del Instituto Nacional de Estadística, se puede focalizar la ayuda. Además, llevando los controles de que quienes en realidad lo necesitan, la reciban”, indicó.
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