Las propuestas deberán tener un enfoque integral, multidisciplinario, respetuoso de los derechos humanos y las libertades fundamentales, orientadas a la reducción de la oferta y la demanda de drogas, control de drogas, lavado de activos, extinción de dominio, narcotráfico y actividades criminales conexas, estructura institucional y normativa en materia de drogas, política exterior de drogas y genero.
La comisión también deberá analizar los marcos jurídicos y las estructuras institucionales vigentes en la materia, poner consultas, debates, programas de capacitación y difusión, así como establecer mecanismos de trabajo y alianzas con instituciones públicas, organizaciones académicas, sectores sociales y personas u organismos nacionales e internacionales que considere pertinentes.
El ministro de Relaciones exteriores presidirá la comisión, entre sus integrantes está el ministro de Gobernación y expertos que el canciller designe. Se reunierán al menos una vez al mes.
La comisión estará vigente a partir de este miércoles 2 de octubre hasta el 31 de agosto de 2014.
El presidente Otto Pérez Molina anunció la creación de esta comisión el pasado 26 de septiembre durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Durante su discurso el mandatario reiteró que la guerra contra las drogas “no ha dado los frutos esperados”.
En diversas ocasiones el presidente guatemalteco ha reiterado que la actual política de drogas y estupefacientes, enfocada a la prohibición de las mismas, solo ha incrementado su producción y consumo.
Penas por posesión
El plan, que es similar al puesto en marcha recientemente en Estados Unidos para aliviar el hacinamiento en las cárceles, vería la luz luego de profundos análisis y seguimiento al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentado en junio último sobre nuevas alternativas contra las drogas.
“Lo que el gobierno ha criticado son las excesivas penas de posesión de cannabis para consumo, ya que esto representa una población carcelaria excesiva, disminuir o eliminar las penas, de plano para bajar esa presión y también bajar alternativas para productores de amapola son acciones contempladas”, mencionó Edgar Gutiérrez, enviado del gobierno a la OEA para participar en el informe.
Para lograr eso se harán modificaciones al Código Penal, pero también se buscarán cambios al ministerio de Salud para contar con políticas de prevención. Gutiérrez indicó que no solo leyes se podrían reformar, sino también aprobar acuerdos gubernativos y ministeriales.
