Lo actuado el martes recién pasado podría rozar la ilegalidad, opinan constitucionalistas consultados, pero, debido a que ninguna acción ha sido resuelta, aún existe una delgada línea que separa al pleno de la ilegalidad en sus actos.
Aún no hay fecha para la llegada de Moto a la CC, y la oposición a su elección inicia con los señalamientos de la propia Fiscalía y de la sociedad civil, que cuestionan los criterios legales del Juzgado Tercero de Instancia Penal, del cual era juez el ahora magistrado electo.
Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, cuando tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango; fue reacio a revocar medidas sustitutivas a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y también aceptó acciones legales que retrasaron el antejuicio contra Felipe Alejos, entre otras.
El pulso, por ahora, lo ganó el Congreso y reconoció a Moto como magistrado constitucional, pero antes de que tome posesión se debe esperar a que se resuelvan las acciones legales que se han acumulado.
“Los diputados están abriendo la puerta para que haya mayor criminalidad en el país, están jugando con fuego porque lo hacen con la justicia del país”, criticó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) y uno de los que impugnaron la elección de Moto.
“Ya están cooptadas las Cortes”
Los intereses que tienen los diputados de la alianza oficialista para que Moto integre la CC es apenas un paso de una carrera por el control total del sistema judicial en Guatemala, según la visión del abogado constitucionalista Gabriel Orellana.
Orellana considera que siempre que los oficialistas tengan mayoría en la CC harán lo imposible por mantener ese balance para el próximo período constitucional, lo que les garantizaría ignorar las antiguas resoluciones del máximo tribunal que impiden, hasta ahora, elegir a ciertos candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Lo que está sucediendo ya era una jugada cantada y que obviamente tiene modelos que nosotros conocemos; se han realizado en algunos países de América Latina, pero que no nos extrañe que Guatemala vaya por ese camino y el problema serio y grave es cuándo y cómo nos podríamos quitar de encima una dictadura como la que se nos avecina”, advirtió Orellana.
Comentó que el espectáculo que dieron los diputados de la alianza oficialista el pasado martes deja claro cómo los que juraron proteger la Constitución son los primeros en violentar las leyes.
“El respeto a la ley no es más que una quimera, y, por lo tanto, ellos van a hacer cuanto esté a su alcance para lograr los fines que se han propuesto, al haber juramentado a un magistrado cuya candidatura está siendo cuestionada con tantas acciones de amparo, ya no es solo un problema político, se va a generar una incertidumbre muy grande en las sentencias que él pueda firmar”, argumentó.
Para Roberto Alejos, exconstituyente, no llegaremos a una dictadura como Venezuela o Nicaragua, pues más que existir intereses ideológicos en Guatemala, lo que realmente pesa es el control que grupos criminales ya ejercen sobre el sistema judicial.
“El país está cayendo en una anarquía, y la anarquía nos va llevando a un desgobierno y a convertirnos en el famoso Estado fallido del que tanto se ha hablado en una realidad, un Estado que no funciona, que está cooptado… para mí ya están cooptadas las cortes”, afirmó.
Alejos coincide con Orellana en cómo personajes con problemas judiciales están buscando el camino perfecto para librarse de las acusaciones.
“El Estado fallido es en aquellos que están en guerra o que han caído en manos del crimen organizado, del narcotráfico o de los grandes poderes paralelos, sin importar la ideología, porque no está en manos de un presidente tirano, como es el caso de Venezuela, sino que aquí está en manos de grupos paralelos que están tratando de defenderse de acusaciones, de evitar que los acusen o salir de los problemas en que están metidos”, añadió.
Alejos considera que, por ahora, es el presidente de la República quien debe dar el primer paso para calmar la tensión que existe alrededor de las cortes, incluso convocar a un diálogo nacional que permita priorizar reformas en el sector de justicia, que premie la carrera judicial y evitar que actores convenencieros sean utilizados por grupos oscuros de poder.
Respalda al Congreso
No todas las voces se oponen a la alianza oficialista. Fernando Linares Beltranena, exconstituyente y exdiputado, asegura que no existen violaciones a la ley, como tanto se ha criticado, por haber juramentado a un nuevo magistrado de la CC.
“Yo considero que fue correcto lo que hizo el Congreso ayer de apurar. Estamos en un país donde la justicia tarda años y ahorita que lo hacen de una forma rápida hay críticas. Todo lo contrario, deberíamos estar orgullosos con la celeridad con que llevaron a cabo el tema. Solo se suspende algo si hay un amparo provisional”, explicó.
Linares asegura que todo el conflicto obedece a una disputa ideológica entre la izquierda y la derecha.
“Ahorita están temerosos —la izquierda— porque quieren manejar el país desde la CC; esa es la verdad, pero lo que pasa es que no lo dicen abiertamente y lo esconden con toda esta cantidad de recursos y con palabritas bonitas como independencia judicial y dignidad, pero lo que quieren ellos es tener el control”, señaló.
Mientras se resuelven las acciones legales, Moto no podría tomar posesión del cargo, según los profesionales del Derecho consultados. Hasta ayer ninguna acción había sido resuelta ni se supo si la CC convocó a pleno para conocer en profundidad los amparos.
