Con un oficio fechado el 5 de noviembre de 2019, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), le respondió al diputado Juan Ramón Lau su imposibilidad de compartirle la información que este requería para la “comisión de la verdad” creada por el Congreso de la República.

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Esta comisión se ha dedicado a escuchar a quienes se consideran víctimas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que, a su vez, también son acusados por diferentes hechos de corrupción.

Lau, como presidente de la “comisión de la verdad”, requirió al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandova l, “los nombres completos de los profesionales litigantes, peritos de diversas áreas del personal investigativo, que siendo extranjeros hayan ejercido en el país por instrucción de la Cicig”.

Sin especificar el motivo de este requerimiento, Lau también pidió quiénes están apersonados en los casos que siguió y sigue la Feci, con especificaciones del cargo, área y expertise.

En 13 puntos, Sandoval le explicó al diputado por qué no podía brindarle la información por tratarse de información sensible protegida por diferentes marcos legales.

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Para empezar, quien tiene información de las personas que se querellan en un caso es el juzgado a cargo y no la Feci.

Además, asegura que la información de los procesos judiciales es información reservada, según lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública.

El jefe de la Feci también respondió al diputado que el Ministerio Público (MP) es un ente independiente que no se subordina a ninguno de los organismos del Estado.

“En relación a las personas vinculadas a proceso penal, como sujeto procesal, entre estos querellantes, testigos o peritos, ameritan la protección debida (como sus datos), de la manera como lo regula la Ley de Protección a Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Justicia Penal”.